Un fuerte contingente de la policía nacional y Ministerio Público clausuraron socavones donde menores y adultos exponían sus vidas a diario. Pobladores ligados a la minería ilegal trataron de impedir la intervención en Huamachuco.
Un contingente policial en conjunto con la Fiscalía asestó el primer golpe contra la minería ilegal en una de las zonas de mayor concentración de mineros ilegales de la ciudad de Huamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad.
A las 5 de la mañana del jueves, alrededor de 120 miembros de la Policía Nacional al mando del comandante PNP Jorge Aliaga Haro, jefe de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente, llegaron hasta el caserío de Shiracmaca con un objetivo: clausurar los campamentos mineros que operan de forma ilegal y burlaban las disposiciones establecidas para el cuidado del medio ambiente.
La intervención se realizó principalmente en la labor minera de los terrenos de los hermanos Sánchez Ballena que se extiende en más de una hectárea y operaba a escasos metros de las viviendas de la zona, a faldas del cerro El Toro. Por las condiciones en las que trabajaban exponían la salud y seguridad de la población.
En el lugar, sorprendieron a mineros ilegales en plena extracción del mineral al interior de un socavón. En el lugar, jóvenes y adultos son sometidos a trabajar en condiciones infrahumanas y a burlar a la muerte a diario.
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Las autoridades procedieron con la clausura de los socavones para hacer cumplir la ley y la disposición de la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos de La Libertad que ordenó la paralización de las actividades ilegales en el cerro El Toro.
La intervención puso en evidencia que los mineros ilegales no acataban la orden y seguían operando con total impunidad en esta zona, donde han muerto hasta la actualidad más de 120 personas. El fiscal Jorge Fernández fue quien representó al Ministerio Público en esta operación.
Al lugar llegó Luis Mauricio Carhuallay, quien reveló que alquiló por 5 años el predio de propiedad de Reynaldo Rodolfo Sánchez Ballena. Sin escrúpulos dijo tener a cuatro personas trabajando a más de 100 metros de profundidad en un socavón. “No encontramos nada de mineral, lo vamos a cerrar. Pero me sorprende que la Policía ingrese sin autorización”, alegó. En Shiracmaca, los pobladores ceden el acceso de sus terrenos a la minería ilegal.
Durante el desarrollo de estas acciones, pobladores del mencionado caserío, liderados que Delmer Alva, sobrino del agente municipal de Shiracmaca, Oswaldo Alva Polo, se opusieron al desarrollo de la diligencia y trataron de enfrentarse a los agentes policiales para ingresar al campamento. A pesar de enardecer a la gente y tratar de ponerlos contra las fuerzas del orden, el cierre de la labor ilegal de los Sánchez Ballena se hizo efectiva.
Al lugar también se hizo presente, Jorge Espejo Moreno, investigado por minería ilegal y sancionado por el ente regional de minas. Este increpó a las fuerzas del orden haber ingresado a una propiedad privada. Jorge Espejo Moreno y Flores Pizán, “Ekeko”, también son los principales operadores en el cerro El Toro, donde se explota laboralmente a menores de edad y donde se ha fijado una tarifa por cada ser humano que muere asfixiado en los socavones ilegales.
El operativo se realizó tras un trabajo encubierto de inteligencia en coordinación con la Dirección Regional de Minería de La Libertad – el mismo que incluye seguimiento autorizado a cabecillas de la minería ilegal y a sus operadores. El cierre de su socavón ilegal significa un duro golpe a toda la organización criminal.
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