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A través de su cuenta de Twitter, la Defensoría del Pueblo se pronunció acerca de la decisión del Ministerio Público de suspender de manera provisional la investigación que se realiza por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado durante las protestas en contra del Gobierno del expresidente Manuel Merino, que se llevaron a cabo en noviembre de 2020.

“Suspensión de investigación fiscal de fallecidos (Inti Sotelo y Bryan Pintado) y personas lesionadas en movilizaciones de 11/2020 afecta gravemente posibilidad de sancionar a responsables de hechos delictivos. El Estado no puede propiciar impunidad de violaciones a DDHH“, publicó la Defensoría.

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Asimismo, pidió a la Corte Suprema del Poder Judicial resolver con rapidez la casación presentada en contra de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que señaló que no tendrá competencia en el caso de los jóvenes fallecidos, debido a la “inexistencia de relevancia social e impacto nacional”. En esa línea, informó que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas  (ONU) también se pronunció al respecto, “en igual sentido”.

El caso debe ser conocido por el sistema especializado dada su complejidad y comprobada relevancia para el país”, manifestó. 

Por su parte, el abogado de la familia de Inti Sotelo, Carlos Rivera, señaló que la disposición del Ministerio Público es “absolutamente injustificada”.

“Una resolución emitida por una sala de la Corte Superior Penal Nacional que señala que el caso del asesinato de Inti y Bryan no es un caso complejo, que no tiene ninguna relevancia pública y que en buena cuenta casi no sería un caso grave de violación de derechos humanos”, declaró Rivera en La República.

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