El Poder Judicial (PJ) dictó orden de comparecencia con restricciones a un grupo de cinco investigados por el Caso Puente Tarata, entre los cuales se encuentra la empresaria Karelim López.
En ese sentido, López no podrá cambiar su residencia y tendrá que presentarse todos los fines de mes para notificar sus actividades. Además, no podrá comunicarse con otros investigados y testigos del caso materia del proceso judicial, no deberá asistir a las oficinas de Provías y se le asignó que pague una caución de 10 mil soles que tendrá que hacerse efectiva en un plazo de quince días.
El titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, Juan Manuel Chuyo, incluyó en la medida a los empresarios Marco Pasapera Adrianzén y Héctor Pasapera López. De igual manera, se aplicó la orden de comparecencia con restricciones para Víctor San Miguel, representante legal del Consorcio Puente Tarata 3, y al exfuncionario de Provías, Alcides Villafuerte.
Así mismo, se impuso a Pasapera Adrianzén y San Miguel el pago de una caución ascendente a los diez mil soles, la cuál – al igual que Karelim López – tendrán hacer efectiva en quince días.
Por otro lado, a Pasapera López y a Villafuerte el juez Chuyo les impuso una caución ascendente a quince mil soles.
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Según el Ministerio Público, la exalcaldesa habría recibido aportes ilegales de Odebrecht y OAS para financiar la campaña del “NO a la revocatoria”.https://t.co/tY3FFttIVg
— Exitosa Noticias (@exitosape) April 22, 2022
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