En diálogo con Exitosa, Alex Paredes, legislador del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, dijo que su bancada “no defenderá lo indefendible” con respecto al caso de la vicepresidenta de la República y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS),Dina Boluarte, quien habría cometido una infracción constitucional, según la Contraloría General.
“[¿Si se llegara a votar en el Congreso una inhabilitación por diez años contra Boluarte, ¿votarían por el sí?] Nosotros no defendemos lo indefendible“, declaró el parlamentario.
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El exintegrante de la bancada de Perú Libre reconoció que su bancada todavía no ha tomado una posición con respecto a las denuncias constitucionales interpuestas por otras bancadas contra la titular del MIDIS. No obstante, dijo que su grupo reafirma su respeto por “el Estado de derecho y el ordenamiento jurídico”.
“El artículo 38 de la Constitución Política dice que todos debemos cumplir y respetar el ordenamiento jurídico. (…) Por las informaciones de ustedes [prensa] hemos tomado conocimiento de los hechos. Lo que yo pienso es que todos los peruanos y peruanas debemos respetar el ordenamiento jurídico“, resaltó.
El congresista mencionó que los hechos que apunta la Contraloría General deberán pasar por el “debido proceso” para que se investigue el caso.
“Si alguien transgrede los artículos, está de más decir cuál es la infracción, es una infracción constitucional“, sostuvo.
Informe de la Contraloría
La entidad reveló que Dina Boluarte intervino en la gestión de la Asociación privada Club Departamental Apurímac, suscribiendo documentos de carácter público como presidente del Consejo Directivo, mientras se desempeñaba como ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social.
“Esto resultaría incompatible con su cargo de ministra de Estado, por lo que existiría una presunta infracción del artículo 126 de la constitución política del Perú, norma cuya supremacía se reconoce en el artículo 51 de la misma Carta Magna”, se lee en un documento.
La Contraloría también apunta a que Boluarte Zegarra no informó en su declaración jurada de intereses sobre el lugar de trabajo de sus familiares, quienes habrían contratado con el Estado.
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