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Para frenar el nombramiento de altos funcionarios cuestionados, sin cumplir los requisitos legales para esos cargos, se presentó un proyecto de ley en el Congreso, para sancionar con penas de dos a cinco años de prisión al responsable del nombramiento como al que acepta el puesto.

La iniciativa legislativa fue presentada por la bancada de Renovación Popular, a pedido de su vocero, Jorge Montoya, la cual propone modificar el artículo 381 del Código Penal y eleva la condena con el fin de evitar que se entreguen altos cargos de confianza a personas no preparadas para el cargo.

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“El funcionario público, que hace un nombramiento, designación o encargatura, para cargo público a persona en quien no concurren los requisitos legales, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor a cinco años”, precisa el proyecto de ley.

Las leyes que rigen la administración pública establecen como requisitos para acceder a jefaturas y asesorías en el aparato estatal, el tener grados académicos, experiencia laboral y no presentar procesos judiciales ni antecedentes policiales ni penales, entre otros.

En la exposición de motivos se precisa que la contravención a esas leyes es frecuente en las regiones del interior del país, pero son muy pocos los casos denunciados y las acciones penales iniciadas por el Ministerio Público para contrarrestarlo.

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El proyecto de ley contempla que, los funcionarios sancionados por nombramientos irregulares, así como los beneficiados, sean inhabilitados por cuatro años para ejercer cargos en el sector público, con lo que se aumenta la sanción por esta infracción a la ley de carrera pública.

  No cumplían con requisitos

Los nombramientos de los exministros de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar; de Trabajo, Iber Maraví y del Interior, Luis Barranzuela no habrían procedido por tener el primero condena judicial, el segundo antecedentes policiales y el tercero una foja de servicios cuestionada.

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