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Los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) vienen presionando a los miembros del Consejo Regional de Arequipa (CRA) para que aprueben la adenda 13 de Majes Siguas II en menos de 15 días, bajo la advertencia de que, si no lo hacen, el proyecto podría quedar paralizado.

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En la víspera, el gerente de Autodema, Napoleón Ocsa Flores; el asesor legal del GRA, Augusto Palaco Toro y el jefe de Presupuesto, Javier Rospigliosi Vega brindaron una conferencia de prensa en la que destacaron haber superado las observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República.
En la actividad el titular de Autodema indicó que es necesario que la adenda 13 se firme antes del próximo 30 de octubre que es el último plazo que acordó la entidad regional con la concesionaria para la suspensión de las obligaciones contractuales y que posteriormente se activaría la caducidad del contrato de ejecución del proyecto agroexportador.
“Hemos ido demorando la firma de la adenda 13 por justificar mejor el aspecto técnico ante diferentes entidades. El último plazo de suspensión que tenemos es el 30 de octubre, son los plazos que nos marca la concesionaria (Cobra). Esperemos que ya podamos cerrar la firma de la adenda 13”, dijo Napoleón Ocsa.
Por su parte Palaco Toro indicó: “Si no se aprueba la adenda 13, lo que va a ocurrir es que la empresa va activar la caducidad del contrato y habrá un arbitraje internacional donde la empresa pretenderá una indemnización por decenas de millones de dólares por las utilidades y negocio no realizado, y esto paralizará el proyecto durante 2, 3 o 4 años”.
Los funcionarios precisaron que en las siguientes horas se presentará el plan de acción para la aprobación de la adenda a la Oficina de Control Institucional (OCI) y a la Subgerencia de Control de la Asociación Pública Privada del GRA, para solicitar al Consejo Regional el desarrollo de la sesión o sesiones y se decida el futuro del proyecto.

  Minimiza observaciones

Por su parte el jefe de Presupuesto del GRA, Javier Rospigliosi manifestó que, aunque la Contraloría observó 4 situaciones de riesgo en la firma de la adenda 13, estas no son vinculantes para impedir su rúbrica.
Los riesgos advertidos son la falta de una penalidad para la concesionaria en la cláusula anticorrupción, pagos a la concesionaria sin que acaben nuevas obras, menor compensación por daños y perjuicios, y riesgo de paralización de obras por disposición de terrenos.

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