El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) alertó que dicha entidad no cumple con realizar el cobro de alrededor de un millón 587 mil soles por concepto de cuotas anuales por derecho de servidumbre a un total de 13 empresas dedicadas a la extracción de materiales metálicos y no metálicos en terrenos de propiedad estatal.
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Según la comisión de control, las empresas que tienen deudas de entre uno y tres años son: Cal y Cemento Sur, Grupo Minera Sur, Asociación de Procesadores Minerales Pampa Huara Chaparra, Minerales Buena Vista SAC, Compañía Minera Buena Vista SAC, Cerro Dorado SAC, Compañía Jerusalén SAC, Exploraciones Porvenir SAC, Inversiones Mineras S&D SAC, Minera Aurífera Estrella Chaparra, Minera Veta Dorada SAC, Santa Ana Mining y Pull SAC.
Cabe recordar que, según ley, los ingresos económicos por el cobro de estas cuotas se distribuyen en un 70% para el Gobierno Regional de Arequipa y el 30% para la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN),que recientemente reclamó que la entidad regional no estaba abonando el porcentaje que le correspondía.
A estos pagos se le debe sumar el Impuesto General a las Ventas (IGV) que debe ser actualizado en función al Índice de Precios del Consumidor, además de aplicársele los intereses moratorios.
◼ Irregularidades
En tal sentido el informe de control Nº 027 – 2021, el OCI advierte que la omisión de estos pagos afecta la disponibilidad de los recursos económicos para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Aunque la entidad debió enviar cartas notariales a los deudores a fin de iniciar la resolución de sus contratos de derecho de servidumbre, la oficina de Tesorería del GRA informó que solo se le viene cursando correos electrónicos a las empresas deudoras.
De otro lado, se observó que entre el 2016 y 2019, el Gobierno Regional de Arequipa realizó la venta directa o por subasta pública de tres predios estatales en José Luis Bustamante y Rivero, Yarabamba y Caravelí por un monto total de un millón 8 mil soles, de los cuales el 15% quedaba para la entidad, otro 15% para la SBN y un 70% debió ser transferido al tesoro público, pero hasta la fecha no se realizó la última gestión.
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