Un total de siete regidores de la Municipalidad Distrital de Paucarpata denunciaron penalmente al alcalde de esta jurisdicción José Antonio Supo Condori y a ocho de sus funcionarios por presuntamente haber cometido diversos delitos en la licitación Nº 003–2020 para la compra de hojuelas de cereales del Programa del Vaso de Leche.
Los regidores que presentaron la acusación ante la Fiscalía Anticorrupción son Eleuterio Juan Vargas Saravia (Teniente alcalde),Juan Edwin Chata Díaz, Jhandy Magdiel Lopez, Erika Velásquez Ticona, Joseff Cámero Vilca, Bartola Gómez Chávez y Herbert Apady Tapia Noa.
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Curiosamente todos ellos son regidores de mayoría, es decir ingresaron al municipio por la misma agrupación política que el alcalde.
En tanto que los denunciados, además del burgomaestre distrital, son Ángel Sánchez (Exgerente Municipal),Héctor Juárez (Gerente de Administración),Juan José Loayza (Gerente de Desarrollo Social y Económico Local),Claudia López (Subgerente de Recursos Humanos),Leyder Riveros (Subgerente de Logística),Alan Palaco (Especialista de Contrataciones),Pamela Tejeda (Secretaria General) y Luis Alberto Salinas (Procurador Público Municipal).
Sustentan denuncia
La denuncia se basa en un informe que presentó la subgerente del Vaso de Leche de la comuna de Paucarpata, Nercy Vita Cárdenas de Macedo en setiembre del año pasado, donde detalla irregularidades en el proceso de adquisición simplificada que se lanzó en agosto para la adquisición de hojuelas de cereales para el Programa de Vaso de Leche de la comuna.
La funcionaria reveló que el expediente físico del proceso no estaba conforme al expediente publicado en la página del SEACE, ya que se había suprimido un párrafo entero de los requisitos para aparentemente favorecer a uno de los postores.
Asimismo, observó que la página (folio 20) donde se había omitido el referido párrafo se falsificó una rúbrica suya para darle el visto bueno a la modificación.
Presunto favorecimiento
La adjudicación de la buena pro del proceso finalmente la ganó la empresa Peruanita EIRL en el mes de octubre por un monto de S/ 252 mil 364, pese a que los funcionarios y el propio alcalde habían sido alertados de las irregularidades del proceso con anterioridad.
Sin embargo, Supo y compañía no hicieron nada para anular el proceso ni iniciaron investigaciones.
Hay que precisar que en su momento los regidores de la comuna distrital rechazaron este proceso y en coordinación con el alcalde aprobaron realizar una compra directa amparada en la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus, resultando como proveedor la empresa Alnusur por un monto que era menor en S/ 90 mil a lo que pretendía Peruanita EIRL.
Los regidores acusan a los responsables de este supuesto favorecimiento por los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, colusión, encubrimiento real, omisión de denuncia, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
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