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Alrededor de 20 mil familias que se dedican a la actividad agropecuaria reclamaron a la nueva administración del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) iniciar de una vez por todas el proceso de formalización de los terrenos que ocupan desde hace más de 20 años en las pampas de San Camilo en el distrito de La Joya.

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El presidente de la Federación de Asociaciones Productivas Agropecuarias San Camilo – La Joya (FAPA) Eleazar Abarca explicó que estas familias que ocupan más de 500 hectáreas de predios están agrupadas en por lo menos 20 asociaciones dedicadas a la crianza de animales de granja (pollos, pavos, patos, cuyes, etc.) y/o a la siembra de productos de pan llevar.
Los terrenos en mención que pertenecen al Ministerio de Agricultura están bajo la administración del GRA, pero esta entidad no acepta los trámites de formalización por parte de los posesionarios.

◼ Marco legal

“Ha salido la ley N° 31145, la cual establece el marco legal para que los gobiernos regionales hagan el saneamiento físico legal de predios rústicos y tierras eriazas, pero desde el Gobierno Regional nos niegan esta posibilidad diciendo que los predios son del Ministerio de Agricultura, y no pueden hacerlo”, señaló Abarca.
Empero, la tercera disposición complementaria de la referida ley precisa que “los gobiernos regionales por razones operativas y con el fin de dar cumplimiento a la presente ley, asumen la titularidad de dominio de los predios inscritos a favor de cualquier entidad estatal”.
Asimismo, se precisa que en el caso de los poseedores de tierras eriazas habilitadas de propiedad del Estado destinadas íntegramente a la actividad agropecuaria, podrán regularizar su situación jurídica mediante el procedimiento de adjudicación directa, previo pago del valor arancelario del terreno.
Además, la ley establece que una condición para la formalización es que los posesionarios se comprometan a seguir con las actividades agropecuarias que garanticen su sostenibilidad o caso contrario se revertirá el terreno al Estado.
El dirigente explicó que la negativa a la solicitud de formalización les perjudica porque no pueden contar con un título de propiedad para acceder a los servicios básicos o préstamos para incrementar su capacidad productiva.
“Las herramientas legales están dadas, pero lamentablemente hay una dejadez de parte del Gobierno Regional”, completó Abarca.
Ante esta situación, la FAPA denunciará a los responsables del GRA por el presunto delito de omisión de funciones y además ejercerán presión sobre las autoridades mediante marchas de protesta.

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