La exprocuradora Katherine Ampuero aseguró que desde la Procuraduría y el Ministerio Público se está gestando un blindaje a favor del expresidente Martín Vizcarra, las ex ministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, y otros funcionarios involucrados en las vacunaciones irregulares contra la Covid-19, conocido como el caso ‘vacunagate’.
Ello luego que la procuradora Yudith Villegas solicite al Ministerio Público detener de manera preliminar por siete días a los implicados en la vacunación anticipada contra el Covid-19.
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“El pedido de la procuradora Villegas es un mamarracho. No sabe sobre defensa jurídica del Estado porque el único que puede denunciar a altos funcionarios con antejuicio, como ex ministros, es el procurador general del Estado, Daniel Soria, pero sabemos que él no lo va a hacer porque fue el gobierno de Martín Vizcarra que lo puso en el cargo”, refirió.
“Están haciendo creer que hacen algo, cuando están blindando a los involucrados como Vizcarra, las exministras y demás funcionarios. Lo mismo ocurre desde la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien les ha abierto una tardía investigación preliminar por aprovechamiento del cargo, delito menor en la administración pública. Aquí hay un blindaje desde la Procuraduría y Fiscalía”, indicó a diario Exitosa.
El Dato: La abogada Katherine Ampuero fue procuradora del Estado para el caso Lava Jato desde febrero hasta julio del 2017, pero fue despedida cuando sacó a la luz el caso de Pedro Pablo Kuczynski.
◼ 29 años de cárcel
Para la ex abogada del Estado, los implicados en el caso ‘vacunagate’, encabezados por Vizcarra, deben ser investigados desde la Fiscalía por delitos de colusión, cohecho pasivo y aprovechamiento del cargo.
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“Si hablamos solo del delito de colusión, Vizcarra y demás funcionarios podrían recibir hasta una sanción de 15 años de cárcel, a los que se podrían sumar ocho años por el delito de cohecho y seis años por aprovechamiento del cargo. Lo que redondeado sería 29 años de pena privativa de la libertad”, explicó.
◼ “Ignorancia jurídica”
Ampuero también sostuvo que los argumentos de Luis Vivanco, abogado del médico e investigador de los ensayos de la vacuna de Sinopharm, Germán Málaga, demuestran una “ignorancia jurídica”. “No puede decir que no se puede investigar a Málaga porque no es funcionario público, se le puede investigar como cómplice como ha ocurrido con José Graña y Jorge Camet en el caso Odebrecht”, explicó.
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