Amnistía Internacional (AI) ha presentado su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en 155 país durante 2023, incluido el Perú.
En ese documento ratifican que al menos 20 de las muertes en protestas contra la presidenta la República, Dina Boluarte, ocurridas entre diciembre del 2022 y enero del 2023, podrían ser consideradas ejecuciones extrajudiciales.
'Racismo Letal'
En diálogo con Exitosa, la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, sostuvo que la investigación arrojó que, durante dicho periodo, se identificó una represión con sesgo racista.
Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, señaló que la mayoría de personas que perdieron la vida en las protestas contra la jefa de Estado provenían de pueblos indígenas y comunidades campesinas.
"De la investigación que hicimos el año pasado y que titulamos 'Racismo Letal', porque sí vimos que había un sesgo racista en cómo se había reprimido estas protestas, hacia quién iban dirigida esa represión, a quién se disparó. La inmensa cantidad de personas que fallecieron eran de comunidades campesinas y pueblos indígenas", declaró en nuestro medio.
En represiones e investigaciones
En esa misma línea, Marina Navarro advirtió que dicho sesgo no solo se ha presentado en el uso de fuerza letal, sino también en las diligencias del caso. Ello debido a las preguntas de las autoridades a las madres de familia de las víctimas.
"La primera pregunta que hacían es que su hijo de 15 años era terrorista. Esas son afirmaciones y preguntas no solo totalmente indolentes a una madre que ha perdido a su hijo, sino que tiene ese sesgo discriminatorio que han tenido las autoridades durante la represión, pero también ahora durante las investigaciones", advirtió.
Sobre el indulto de Fujimori
Asimismo, Amnistía Internacional Perú se pronunció sobre elindulto de Alberto Fujimori e indicó que la excarcelación del expresidente tuvo un problema: no siguió los requisitos necesarios para que se otorgue su liberación humanitaria.
"El problema que ha habido con este indulto es que no se ha dado en las condiciones de un indulto humanitario, para personas que cometieron graves crímenes, pero que se realice con todas las garantías necesarias, con junta médica y eso es lo que dice la corte", aseveró.
De esta manera, Amnistía Internacional (AI) ratificó que al menos 20 de las muertes en protestas contra la presidenta la República, Dina Boluarte, ocurridas entre diciembre del 2022 y enero del 2023, podrían ser consideradas ejecuciones extrajudiciales.