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El último sábado 18 de setiembre, Sebastián Chávez Sifuentes, abogado de la sentenciada por terrorismo Elena Iparraguirre, envió una carta dirigida a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para informar que ha interpuesto una denuncia penal “contra los que resulten responsables del presunto delito de asesinato”, supuestamente cometido contra el cabecilla terrorista Abimael Guzmán.

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A través de la misiva, el representante de la esposa del fundador de Sendero Luminoso, también pide que su patrocinada pueda realizar el reconocimiento del cadáver y que este sea entregado a quien ella designó: Iris Quiñones, más conocida como la camarada “Bertha”, para “para darle una sepultura digna conforme a sus creencias”.

Además, Chávez Sifuentes exige que antes del eventual entierro del más grande genocida en la historia del Perú, se “realicen las pericias de ley con participación de los peritos que oportunamente dispondremos a fin de determinar las causas de la muerte del cabecilla terrorista”.

Es menester recalcar que el pasado 15 de setiembre, la Fiscalía denegó el pedido de la terrorista Elena Iparraguirre para que se le entreguen los restos de su esposo, el cabecilla de SL. En su resolución, el fiscal Vladimir Farfán Kehuarucho “ponderó el orden público e interés social”.

Carta dirigida a la fiscal de la Nación.

El abogado ha descartado que a través de la denuncia se busque dilatar la cremación dispuesta por ley. De acuerdo con un medio local, el letrado  dijo: “Esa denuncia no tiene nada que ver con el tema de la ley porque la carta (de Iparraguirre) ya estaba proyectada desde el siguiente día de su muerte”.

“Si la fiscalía lo crema o no lo crema es (un asunto) de la fiscalía y del gobierno que se ha metido en un tema que no le compete”, añadió.

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En tanto, el cuerpo del genocida terrorista permanece en la Morgue Central del Callao, lugar donde se le aplicó la necropsia de ley, que señala que falleció de neumonía, así como otros exámenes antropológicos, de odontología forense, biología y de ADN.

Los restos de Guzmán Reynoso deberán ser cremados según establece la reciente ley promulgada por el Ejecutivo, que dispone la incineración de cabecillas terroristas fallecidos mientras purgan prisión.

Hasta el cierre de la nota, las autoridades no se han pronunciado sobre el nuevo pedido de la defensa de Elena Iparraguirre ni han dado la fecha de cuándo se llevará a cabo la incineración del genocida terrorista.


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