Basándose en la autonomía que le da a Sunedu la ley de la contrarreforma universitaria, el superintendente Manuel Castillo le ha respondido a la ministra de Educación, Miriam Ponce, que la entidad “no está sometida” a nadie y se niega a darle información sobre la nulidad del concurso público para cubrir la plaza de director de licenciamiento.
En la última semana, la Sunedu no solo se ha enfrentado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) insistiendo en la prohibición de las clases virtuales en las universidades. La entidad, a cargo del cuestionado superintendente Manuel Castillo Venegas, ha dejado claro, esta vez al Ministerio de Educación (Minedu),que su autonomía “no está sometida” a nadie.
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El nuevo consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) continúa firme en defender la autonomía de la entidad, basándose en la ley 31520 que consumó la contrarreforma universitaria. Bajo ese argumento, en la ley de presupuesto publicada en diciembre del 2023, se incluyó una cláusula que autoriza a Sunedu a reestructurarse y a definir su nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y expedirlo a través de una resolución de la propia entidad.
Este nuevo reglamento incluye un organigrama que elimina, nada menos que, la dirección de licenciamiento y la dirección de supervisión de la Sunedu, brazo importante de la entidad encargada de licenciar universidades.
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“Desde que hay un nuevo consejo directivo en Sunedu se ha intentado hacer una reorganización dentro, quiere decir, cambiar las direcciones, sus funciones y los puestos. En el Estado para poder hacerlo se necesita un decreto supremo que es el que aprueba los reglamentos de organización y funciones de las entidades. Ninguna entidad del Poder Ejecutivo está exenta de eso, porque tú imaginarás que si no una entidad podría cercenar sus direcciones o podría crear un elefante blanco enorme sin que medie una autorización técnica o una autorización presupuestal. Por eso, se aprueba por decreto supremo cualquier modificación, ampliación, disminución del tamaño de una entidad pública”, denunció entonces el ex viceministro de Educación, sociólogo y master en políticas públicas José Luis Gargurevich.
El ex viceministro incluso precisó algo que debería quedar más que claro a la Sunedu:
“En el caso de Sunedu, ellos como organismo especializado adscrito al Minedu, tendrían que pasar por la opinión del Minedu, por la opinión de PCM, por la opinión del MEF como todos”.
“Somos autónomos”
Precisamente, a inicios de febrero, la ministra de Educación, Miriam Ponce, le escribió un oficio al superintendente Manuel Castillo solicitándole que “en aras de la transparencia en la gestión pública”, emita un informe sobre los fundamentos legales que originaron la nulidad del concurso público de mérito para cubrir la plaza de director de licenciamiento donde resultó ganadora Linda Cossío Labrín.
La ministra se refirió específicamente a la denuncia realizada por Cossío Labrín en un reportaje del programa Cuarto Poder. En el reportaje, Cossío asegura haber sido cesada de su cargo sin explicaciones pese a que Servir la declaró ganadora del puesto hasta el 2025.
En el oficio, la ministra le da un plazo de dos días a Sunedu para presentar lo solicitado. Pero lo que recibió el Minedu, en el mismo plazo, fue una respuesta que, probablemente, no esperaba.
El superintendente Manuel Castillo insiste en recordar la autonomía obtenida desde la ley de contrarreforma universitaria:
“Sobre el particular, mediante la Ley N° 31520, Ley que restituye la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, se modificó el artículo 12 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, definiendo a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria como un ente autónomo y constituye un pliego presupuestal, advirtiéndose la autonomía de la entidad que represento respecto al Ministerio de Educación, lo cual fue ratificado por el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 00008-2022-PI/TC”, dice en su respuesta.
Además, le recuerda a la ministra que el consejo directivo de la Sunedu es “la única instancia administrativa en los casos que sean sometidos a su conocimiento”, asegurando que no existe alguna instancia administrativa superior.
Castillo cierra con lo siguiente: “los actos administrativos realizados por mi representada en el ejercicio de su autonomía no se encuentran sometidos a la revisión o supervisión del Ministerio de Educación, en la medida que, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria no es una entidad adscrita al Ministerio de Educación; por ende, éste no constituye instancia administrativa superior a la SUNEDU”.
Prácticamente la misma respuesta que recibió la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),a inicios de semana, cuando le ordenó a la Sunedu la revocación de la resolución del consejo directivo que prohibía, entre otras cosas, las clases virtuales universitarias.
Según la PCM, la Sunedu no presentó el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ante la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR),y aseguran que el proceso vulnera los derechos de los estudiantes.
La Sunedu en un comunicado público, no sólo invocó nuevamente a la Ley N° 31520, además calificó el pedido como una injerencia en sus funciones y anunció que tomará acciones legales al respecto.
Lo cierto es que pese a que Carlos Mesía, jefe de Asesoría Jurídica de la Sunedu, asegura que Sunedu no está en la obligación de cumplir lo que ordene la PCM o el Ejecutivo, en redes le han recordado que incluso en la web de Sunedu se precisa que la entidad está adscrita al Minedu.
Dr. Mesía, hasta la web lo contradice. Pero el tema de fondo es que la SUNEDU al incumplir la ley está destruyendo su legitimidad en el sistema y con ello, la capacidad de asegurar calidad universitaria. Prohibir la educación a distancia no es la ruta. Los jóvenes son el centro. https://t.co/CUo9EdsQ7Fpic.twitter.com/O5lBimwwt9
— Jorge Mori (@JorgeMoriV) March 15, 2024
Otras voces críticas, como la del exministro de Educación, Daniel Alfaro, también se han escuchado en redes.
La evidencia estuvo ausente en esta decision de Sunedu, y en este comunicado. Tambien fue esquiva en la ley que eliminó la meritocracia para la elección de su consejo directivo. Lo único evidente es el retroceso de la regulacion en educacion superior. Gracias Congreso. https://t.co/teypvCzySz
— Daniel Alfaro (@danielalfarop_) March 14, 2024
Mientras el debate continúa, los universitarios retornarán a clases confundidos. Especialmente confundidos estarán los estudiantes de derecho a quienes la realidad les está demostrando que teniendo del lado al Congreso es posible destruir el estado de derecho.