El Poder Judicial de Lima Norte admitió a trámite el hábeas corpus presentado a favor del gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa solicitando su inmediata libertad.

En su demanda, el gobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo pide que se deje sin efecto la medida de nueve meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial por cometer actos de corrupción y que fue ratificada en segunda instancia por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash.

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Juan Carlos Morillo cumple la prisión preventiva en el penal “Víctor Pérez Liendo” de la ciudad de Huaraz, junto a los otros siete implicados desde diciembre de 2020 y presentó el hábeas corpus contra los magistrados del Poder Judicial de Áncash que ordenaron la prisión preventiva en su contra.

"Los jueces de la primera sala están sorprendidos por la decisión de la jueza del 9º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte que despacha la magistrada Dra. Fiorela Linares Pérez, por admitir tal decisión, una sorpresa esta situación, por presentar una medida de libertad mediante un Hábeas Corpus, en otro lugar que no es la jurisdicción, es un hecho muy irresponsable" explicó el fiscal anticorrupción de Áncash, Robert Rojas Ascón.

Agrega, que "estos hechos mancha el trabajo que viene realizando el Ministerio Publico, es más hasta el momento no hemos recibido ninguna documentación por parte del Juzgado en mención, pero estaremos atento ante cualquier situación".

Asimismo el fiscal se encuentra terminando las denuncias también por presuntos actos de corrupción donde solicitara los 9 meses de prisión preventiva de los casos IOAR II Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz y del Hospital La Caleta de Chimbote.

Como se recuerda, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash, conformado por los Jueces Superiores: Máximo Francisco Maguiña Castro, Presidente, Rosana Violeta Luna León (Directora de Debates; y Miguel Ángel Dueñas Arce, confirmó la Resolución Nº7, presentada el pasado 10 de diciembre, declarando fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el representante del Ministerio Público en contra de los imputados antes mencionados por presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Gobierno Regional de Áncash.

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Al grupo de implicados se les atribuye las acciones fuera de la ley para favorecer a la empresa que ejecutó la IOARR “remodelación de ambiente complementario, adquisición de monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y equipo ecográfico, además de otros activos para el hospital “Eleazar Guzmán Barrón” de Nuevo Chimbote en la Provincia del Santa, valorizada en 10`061,072.61 soles, y presenta irregularidades en su infraestructura.