Con 5 votos a favor y 2 en contra, la Comisión de la Mujer y Familia aprobó este lunes 15 de marzo que se solicite una opinión consultiva al Ministerio de Salud con respecto a la Ley de Identidad de Género en relación a la discriminación de las personas trans en el sector salud.

Ante ello, una organización de antiderechos de las personas transgénero, llamada ‘Parejas Reales’ difundió a través de las redes sociales, los números telefónicos de las congresistas Rocío Santiesteban (Frente Amplio), Mónica Saavedra (Acción Popular) y Arlette Contreras (no agrupada), parlamentarias que apoyan la propuesta de ley.

Asimismo, la congresista Rocío Santiesteban denunció a través de sus redes sociales que vienen recibiendo mensajes ofensivos y difamatorios.

“Denuncio públicamente que varias colegas hemos recibido mensajes para votar en contra del predictamen”, expresó Santisteban en Twitter.

¿Qué establece la ley de identidad de género?

El proyecto de ley fue presentado por las ex congresistas Indira Huilca y Marisa Glave en el 2016. Propone el reconocimiento legal de la identidad de género, el respeto de la identidad autopercibida y el libre desarrollo de la personalidad.

“El derecho de las personas mayores de 18 años a solicitar la adecuación registral de sus documentos identificatorios mediante un proceso sencillo y gratuito ante la RENIEC sin que se exija constancia médica (incluyendo cirugía de reasignación de sexo, esterilización o terapia hormonal, constancias psicológicas u otras) ni legal (sobre estado civil y/o de no tener hijos) como requisito”, se lee en una parte del documento.

En Perú, la población trans (personas cuya identidad de género no concuerda con su sexo de nacimiento) sufren de distintos maltratos, como discriminación, exclusión social, negación de su ciudadanía, además de violencia que llega hasta la muerte de ellos y ellas.

¿Qué es el acoso político?

De acuerdo a la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres de la Organización de Estados Americanos, acoso político es:

"Es cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos."

Los casos de acoso político pueden ser denunciados en los Centros de Emergencia Mujer del MIMP y a la Coordinadora/a de Acciones Educativas (CAE).

El pasado 8 de marzo, el Pleno del Congreso de la República aprobó con 96 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones, el texto de la ley que propone la prevención, erradicación y sanción al acoso contra las mujeres en la vida política.

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