Un cártel de narcotráfico paraliza parte de Colombia

El presidente Iván Duque lucía satisfecho. El ejército acababa de capturar a Otoniel, el líder del clan del Golfo, una estructura paramilitar dedicada al narcotráfico. Duque, que no destaca por ser contenido, comparó esta detención con la muerte de Pablo Escobar y aseguró que este golpe marcaba “el final” del grupo armado.

En protesta por la extradición de su líder, en un claro desafío al Gobierno

La realidad, sin embargo, ha sido bien distinta. El clan del Golfo ha paralizado estos días algunas partes del país en respuesta a la extradición de Otoniel a Estados Unidos, en un claro pulso al Gobierno. Las imágenes de negocios cerrados, calles desiertas y coches quemados en muchos puntos de la nación dan una idea del enorme poder de este cartel que se financia con la venta de droga a las mafias mexicanas. Colombia es el primer país productor de cocaína en el mundo.

Duque se lo ha tomado casi como algo personal. En una intervención en televisión anunció el aumento de la recompensa por Chiquito Malo y Siopas, los dos sucesores de Otoniel. Los quiere vivos o muertos. Ellos han comandado esta ofensiva que, según los analistas en seguridad, demuestra una vez más que el Estado no tiene el control de una parte de su territorio.

Las zonas más afectadas se sitúan en el norte del país, en Antioquia, Sucre, Córdoba, Chocó, Bolívar y la Guajira. Los habitantes de estas regiones están acostumbradas a convivir con estas células criminales que cobran peajes en la carretera o impuestos a los negocios. Su control ahí, sobre todo en los corredores por donde transita la droga, es casi absoluto.

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DATO ESTREMECEDOR

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),el sistema de justicia transnacional que juzga a los responsables de los crímenes de la guerra en Colombia después del acuerdo de paz, informó de que dos regiones completas quedaron inmovilizadas, La Guajira y el Chocó. En el 16% de los municipios de todo el país se perpetró alguna acción en favor del clan, un dato estremecedor.

Muchos han descubierto estos días la capacidad de movilización de una organización que llena los territorios que controla con tres letras: AGC. Son las iniciales de otro de sus nombres, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en dudoso homenaje a Jorge Eliécer Gaitán, un político de izquierdas muy popular asesinado en 1948. Los descendientes de Gaitán le pidieron al clan que dejara de usurpar su nombre, sin ningún éxito, como es evidente.

Las autoridades colombianas trataron de impedir la desmovilización. El ministro de Defensa, Diego Molano, dio orden de que se combatiera a los delincuentes que intimidaran a la población. La policía ha detenido a 92 personas implicadas en actos de este tipo. La JEP dijo que en estos cuatro días habían sido asesinadas 26 personas, entre ellas dos policías. Hubo otros 37 intentos de homicidio, a civiles y fuerza pública. Las imágenes más espectaculares las consiguieron los insurrectos con la quema de 118 coches y el paro de 54 medios de transporte.

Otoniel fue detenido en noviembre de 2021, después de una persecución intensa por la selva que colinda con Panamá. Sus abogados sostienen que fue una entrega pactada. Las autoridades lo niegan y argumentan que fue su escolta personal quien lo abandonó y lo dejó a merced de sus captores. Sea como sea, su aprehensión abrió un nuevo debate en Colombia.

CIVILES INDEFENSOS

Otoniel declaró ante la JEP que existen fuertes lazos entre el clan y algunas estructuras del Ejército colombiano. Aseguró, sin que eso haya sido todavía comprobado, que sus hombres, en alianza con soldados, participaron en matar a civiles indefensos y sin ningún vínculo con la guerrilla para cobrar recompensas del Estado. Después de matarlos los vestían de combatientes.

Eso se conoce como falsos positivos, y así fueron asesinados más de 6.400 personas a manos de quien debía protegerlos. Otoniel reveló colaboraciones estrechas con un general en retiro, empresarios y políticos. Su testimonio tiene que ser puesto en cuarentena, pero parece obvio que sin esa infiltración en las instituciones y el mundo de los negocios el grupo no podría ostentar este enorme poder.

Muchas víctimas y políticos de la oposición querían que Otoniel permaneciera más tiempo en el país para que las autoridades judiciales pudieran investigar su declaración. El Gobierno, sin embargo, aceleró su extradición, solicitada por una corte de Nueva York que quiere juzgarlo por narcotráfico.

Los críticos con su traslado argumentan que su marcha favorecía a algunas estructuras del Estado que no querían enfrentarse a lo que dijera el narcoparamilitar. Desde 2016, cuando se firmó la paz con las la guerrilla de las Farc, en el país cunde un ansia de verdad y reparación en busca de una reconciliación nacional que haga dejar atrás las múltiples guerras simultáneas que se han librado en Colombia desde hace medio siglo.

El asunto ha entrado de lleno en la campaña de las presidenciales. El candidato del centro, Sergio Fajardo, arremetió de forma durísima contra la política de seguridad del presidente Duque, que calificó de fracaso. “El paro armado es un reto al Estado. Nos devuelve a capítulos que hubiésemos querido olvidar en nuestro país, pero que están ahí, masacres, criminalidad, intimidación, muchas poblaciones con miedo. Ese es un fallo de la seguridad. Es un fallo de la conducción del Estado”, dijo Fajardo.

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