Esta acusación constitucional, que según el presidente conservador chileno “no tiene fundamento alguno”, se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación.
Oposición chilena presenta acusación para destituir al presidente por caso de Papeles de Pandora
Diputados de todos los partidos de la oposición chilena presentaron el último miércoles en el Congreso una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera por la polémica venta de una minera en un paraíso fiscal revelada en los Papeles de Pandora.
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Piñera usó “su cargo para negocios personales”, dijo el diputado Tomás Hirsch al presentar la acusación en la Cámara Baja, primer paso del proceso de destitución que podría prolongarse varias semanas.
Esta acusación constitucional, que según el presidente conservador chileno “no tiene fundamento alguno”, se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación: la venta en 2010 de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera cuando cumplía su primer mandato (2010-2014).
Ahora la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación, una votación que se realizará la primera semana de noviembre, según explicaron fuentes del Congreso a la AFP.
De recibir luz verde, la causa pasaría al Senado, que tendría que actuar como jurado para sellar la suerte de Piñera, cuyo segundo mandato, iniciado en marzo de 2018, culmina el próximo 11 de marzo.
ANTES DE ELECCIONES PRESIDENCIALES
Está previsto que el proceso de destitución en el Congreso se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, cuando se realizará la primera vuelta para elegir al próximo presidente de Chile.
La publicación de los Papeles de Pandora colocó en entredicho a Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, quien se defendió alegando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer Gobierno, por lo que no participó en la venta de Dominga.
Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ),la Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo íntimo de Piñera, por 152 millones de dólares, un negocio sellado en parte en las Islas Vírgenes Británicas.
El pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”.
El gobierno de Piñera, según la investigación, acabó por no proteger la zona de la mina, por lo que se efectuó el tercer pago.
DOS CAUSALES
“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación“, anunció el diputado socialista Jaime Naranjo.
La Fiscalía chilena abrió la semana pasada una investigación por cohecho y delitos tributarios presuntamente cometidos por Piñera en la venta en 2010 en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas de una parte de sus acciones en el megaproyecto Minera Dominga.
PROYECTO POLÉMICO
Según el portal LaBot, uno de los medios investigadores de los Pandora Papers, la familia Piñera era la mayor accionista del proyecto Dominga hasta 2010, cuando Piñera llevaba 9 meses en el poder en su primera presidencia.
Ese año, el empresario Carlos Alberto Délano, amigo de infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por US$152 millones.
Parte de esa operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas.
Según las investigaciones del ICIJ, la venta de la minera establecía un pago a tres cuotas. El pago de la última cuota, por un valor de US$9,9 millones, estaba sujeto a que no se estableciera una zona de protección ambiental que obstaculizara la instalación y operación de la mina.
El detalle, indica LaBot, es que la decisión sobre la demarcación de esa zona ambiental dependía del gobierno de Piñera. A pesar de la presión de los grupos ambientalistas, Piñera no implementó tales protecciones. El mandatario chileno calificó de “inaceptables” los señalamientos de la investigación de los Pandora Papers.
QUÉ PASARÁ
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley chilena que faculta a los diputados a iniciar una moción de censura contra una autoridad. Puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere, se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y el posterior respaldo de dos tercios en el Senado, institución que actúa como jurado y declara si el acusado es culpable o inocente.
Se prevé que la moción cuente con los votos suficientes en la Cámara baja, y el objetivo es que llegue al Senado antes de las elecciones presidenciales del próximo 21 de noviembre.
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