La sudanesa Maryam Alsyed Tiyrab, de 20 años, ha sido condenada a morir lapidada por un delito de adulterio. Se trata de la primera sentencia de este tipo en el país, que el pasado octubre sufrió un golpe militar. Un tribunal de su ciudad, Kosti, en el Estado del Nilo Blanco, en el sur de Sudán, dictó la sentencia el mes pasado. La mujer ha apelado la decisión y está detenida en la prisión de Kosti a la espera de que el Tribunal Supremo ratifique o anule el veredicto.
Maryam Alsyed Tiyrab, de 20 años, ha apelado la sentencia
El caso ha sido condenado por organizaciones de derechos humanos, que piden a las autoridades de Sudán que anulen la sentencia, liberen de forma inmediata a Tiyrab y hagan una reforma legal para abolir la pena de muerte y todas las leyes discriminatorias contra las mujeres. La lapidación es un medio de ejecución muy antiguo en el que los asistentes lanzan piedras contra el reo hasta matarlo.
La sentencia también ha generado alarma entre quienes la interpretan como una muestra más de la rápida erosión de derechos, particularmente de las mujeres, que vive Sudán desde el golpe de Estado militar del pasado octubre, que acabó con la frágil transición democrática iniciada dos años antes. También se ha interpretado como el último indicio del retorno a prácticas brutales más asociadas con el régimen islamista del exdictador Omar Al Bashir, depuesto en 2019 después de tres décadas en el poder.
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“Es el primer caso que sale a la luz en una década, a menos que haya habido otros casos en zonas rurales remotas que no hayan sido denunciados”, afirma el abogado Mossaad Mohamed Ali, director ejecutivo del Centro Africano de Estudios de Justicia y Paz, que está siguiendo el caso. El centro denuncia que la lapidación por un delito de adulterio supone una grave violación del derecho internacional, incluido pactos internacionales ratificados por Sudán. Las penas por adulterio se dictan de forma sistemática contra mujeres.
La policía de Kosti se presentó el pasado junio en la casa de la familia de Maryam Alsyed Tiyrab, a la que había vuelto poco después de divorciarse, para interrogarla. Los agentes estaban investigando a su hermano, acusado de matar a un hombre porque sospechaba que tenía una historia amorosa con Tiyrab. Durante el interrogatorio, ella dijo que había mantenido relaciones sexuales en una ocasión con aquel hombre, y se inició un juicio paralelo contra ella. Luego aseguró que fue forzada a confesar.
El abogado Ali asegura que el proceso ha estado repleto de irregularidades, como su apertura sin denuncia formal de la policía de Kosti y la negativa a la joven de representación legal, a la que tiene derecho cualquier acusado en un caso que implique una pena superior a 10 años de prisión, amputación o muerte. Tampoco se le comunicaron los cargos ni la pena que afrontaba.
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UNA PENA PARA MUJERES
El Gobierno de transición de Sudán aprobó, durante sus dos años en el poder, un conjunto de moderadas reformas legales que expandieron las libertades personales y que empezaron a revisar el estricto legado islamista dejado por Al Bashir. Entre los cambios más destacados figuraban la eliminación de la ley de apostasía y de castigos por practicar la mutilación genital femenina.
También de la flagelación por mantener relaciones homosexuales y de un artículo que dictaba el código de vestimenta de mujeres. En agosto de 2021, dos meses antes del golpe de Estado, Sudán ratificó la convención de la ONU contra la tortura. El Ejecutivo sólo adoptó una postura reformista respecto a la herencia legal del viejo régimen, así que mantuvo artículos del código penal como el que contempla el castigo de lapidación por adulterio.
Desde la toma del poder por parte de los militares y su indisimulada complicidad con los sectores islamistas del régimen de Al Bashir, además, se ha documentado un alarmante aumento de las violaciones de derechos contra las mujeres y un marcado retroceso en las limitadas, pero significativas, victorias legales logradas en la transición. Durante los años de Al Bashir en el poder, las mujeres estaban sujetas a leyes ultraconservadoras de moralidad pública y familiar.
“Incluso en la época de Al Bashir, la ley estaba ahí, pero no se consumó ningún caso de condena a muerte [por lapidación], dado que, por lo que sé, ya en la investigación preliminar los jueces solían dar tiempo a la mujer para pensar y cambiar su confesión”, señala la investigadora sudanesa independiente Samia El Nagar, “atónita” por esta sentencia.
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