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A pesar de que el Poder Judicial dispuso que la Procuraduría General del Estado participe del interrogatorio que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, le hará a la presidenta de la república, Dina Boluarte, y su primer ministro, Alberto Otárola, en el marco de la investigación por el presunto delito de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por las muertes en las protestas sociales, un dato pasó desapercibido.

DINA BOLUARTE Y ALBERTO OTÁROLA NO SERÁN INTERROGADOS TAMPOCO POR LA PROCURADURÍA

En el fallo del juez Juan Carlos Checley se indica que la mandataria y su jefe de gabinete sólo podrán recibir preguntas de sus propios abogados y el Ministerio Público. Es decir, el representante de la Procuraduría que esté presente y la defensa legal de los deudos de las víctimas sólo tendrán que mirar y escuchar la diligencia porque no podrán participar.

El magistrado especificó en su resolución que en el artículo 8 inciso 3 se enuncia a las partes habilitadas para interpelar al imputado, en referencia a Boluarte Zegarra y Otárola Peñaranda: el fiscal y el abogado defensor. La disposición favorece a la jefa de Estado y su más cercano colaborador en el Poder Ejecutivo en este caso que ha estado lleno de retrasos.

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El último martes, la presidenta acudió minutos antes de las 9 de la mañana para declarar ante el Ministerio Público. A diferencia de su antecesor Pedro Castillo, quien caminaba ante la mencionada entidad pública para responder las preguntas de la fiscal Patricia Benavides por los presuntos actos de corrupción de esa gestión, Boluarte prefirió un auto y con grandes medidas de seguridad.

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