A casi un año de las manifestaciones políticas, la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima Especializada en Delitos de Derechos Humanos presentó la denuncia forman de 11 altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
SE LES ACUSA POR EL SUPUESTO DELITO CON ALEVOSÍA EN AGRAVIO DE LOS DOS JÓVENES FALLECIDOS Y LEGIONES ENTRE GRAVES Y LEVES CONTRA 80 CIUDADANOS
Los jóvenes participaron en las protestas de noviembre de 2020 junto con miles de ciudadanos en contra del Gobierno de Manuel Merino de Lama. Sin embargo, agentes policiales les dispararon perdigones, los cuales terminaron matándolos y desatando la furia del país entero.
El teniente general Jorge Lam Almonte, en calidad de comandante general y subcomandante general, figura en la lista, es acusado de ser el autor mediato del presunto delito de asesinato con alevosía en agravio de Inti y Sotelo, lesiones graves y leves contra 80 manifestantes y contra la administración pública por abuso de autoridad.
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Por su parte, el general Jorge Luis Cayas Medina, siendo jefe de la Región Policial Lima, los coroneles Percy Tenorio Gamonal y Carlos Vicente Villafuerte, los comandantes Charles Apaza Pilares, Giulianno Arguedas Pérez y Víctor Oliva Angulo, y los mayores José Solari Chillcce y Juan Chenet del Pozo, y el capitán Mario García Chávez son los coautores.
Habrían ordenado uso de la fuerza
De acuerdo con la fiscal del caso, Jhousy Aburto Garavito, los altos mandos de la PNP sabían de los hechos y habrían ordenado el uso de la fuerza de manera indiscriminada, desproporcional e ilegal. Lo hicieron con armas potencialmente letales y hasta municiones prohibidas que terminaron cobrando dos vidas.
Es así que intentaron frenar las manifestaciones de los civiles para impedir que lleguen al Palacio de Gobierno y al Congreso de la República para exigir la salida del expresidente Merino. Como se recuerda, el exjefe de Estado solo estuvo al mando por cinco días tras la vacancia de Martín Vizcarra.
“La información recabada da cuenta de que las máximas autoridades del gobierno de turno no solo habrían tenido conocimiento de los hechos, sino que, además, habrían tenido reuniones con los altos mandos de la policía”, sustentó la fiscal en su denuncia contra los 11 implicados en los violentos actos.
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