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Wilmar Elera García, tercer vicepresidente del Congreso fue sentenciado a seis años de pena privativa de la libertad.

El actual tercer vicepresidente del Congreso de la República, el parlamentario Wilmar Elera García de Somos Perú, fue sentenciado a seis años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada, por su participación como supervisor de la obra «Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa – Ayabaca – Piura».

El juez del Sétimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Ronald Soto Cortez, en adelanto de fallo, sentenció al actual congresista de la República. Le impuso una condena similar al Inspector de Obra Wilder Alexander Mogollón. Y también al contratista José Luis Cortegana Sánchez, según informó El Piurano.pe, miembro de la Red de Medios Regionales del Perú.

Ambos operadores junto a Elera García deberán cancelar de manera solidaria una reparación civil de un millón cien mil soles.

La lectura integral de la sentencia se dará el próximo 11 de agosto. Entonces el juez especializado expondrá los argumentos que sustentan su decisión.

¿Qué fue lo que no supervisó Elera en la obra?

De acuerdo a lo actuado en el juicio oral, esta obra tuvo un valor de S/. 3 millones 612 mil 717.68 soles y un periodo de ejecución de 180 días calendario. El contrato se firmó el 13 de enero del 2012, pero la obra la inició el 24 de mayo de ese año. Esto, con la entrega parcial del terreno y el expediente técnico sin firma del proyectista.

No obstante, el 19 de enero del 2012 la Municipalidad hizo un adelanto directo por S/ 722 mil 543.54 soles, lo que correspondía al 20% del valor de la obra. Y el 9 de febrero del mismo año un pago por S/.1 millón 445 mil 087.07 por concepto de adelanto de materiales, equivalente al 40% del valor de la obra.

Durante la fase de la ejecución, cuando el ingeniero residente hizo consultas sobre el acceso a la planta de tratamiento, la línea de conducción hacia la laguna de oxidación y otros, no se dio respuesta al no existir un responsable del expediente técnico, lo que entre otras incidencias llevó a que la obra paralizara y luego se intervenga económicamente. Más adelante, la municipalidad fue a un arbitraje en el que se fijó una indemnización a favor del contratista por más de un millón de soles.

Finalmente, se tiene que el avance físico que se efectuó no se ajustaba a las valorizaciones presentadas por el contratista; aún así fueron aprobadas por la supervisión.

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