Pese a que la mayoría de catedráticos de universidades públicas y privadas (80%) han cumplido con obtener un posgrado, congresistas de Perú Libre y Renovación Popular han presentado cuatro proyectos de ley para favorecer a docentes universitarios que aún no tienen maestría e incluso ampliar hasta el 2026, la fecha límite para la obtención de dichos estudios.
Edgar Tello, Elizabeth Medina y Wilson Quispe de Perú Libre y Esdras Medina de Renovación Popular han presentado cuatro proyectos que buscan modificar la norma a menos de dos meses de vencer plazo, precisa La República en un informe.
El 30 de noviembre, es la fecha límite para cumplir con el artículo 82 de la ley, el cual establece que los profesores están obligados a tener, al menos, el grado de maestro (maestría) para la formación en pregrado; y el de doctor en el caso de doctorados. Si no lo hacen, serán considerados en la categoría que les corresponda o acabará su vínculo contractual.
Más aún, el plazo original para adecuarse a este requisito era de cinco años, pero por la pandemia se añadió uno más.
¿Qué cambios piden?
Tres legisladores de la Comisión de Educación, buscan una nueva ampliación. Edgar Tello, de Perú Libre, propone que esta sea hasta el 31 de diciembre del 2024, argumentando obstáculos como la crisis sanitaria, el cambio de lo presencial a virtual y los trámites.
Con su proyecto N° 405-2021, además, plantea exonerar de este requisito a los docentes próximos a jubilarse (75 años) o permitir que sigan activos de 5 a 10 años más si acreditan “óptimas condiciones de salud”.
El propio presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina de Renovación Popular, propone una ampliación hasta el 31 de diciembre del 2022.
En tanto, Wilson Quispe (PL),también miembro del referido grupo de trabajo, busca que sea hasta el 30 de noviembre del 2023. El argumento que reitera, son las restricciones por la emergencia sanitaria.
Pero también su colega de bancada, Elizabeth Medina, que no integra la Comisión, pretende extender el plazo hasta el 30 de noviembre del 2026; es decir, cinco años más. Incluso, en su iniciativa N° 381-2021 afirma que los docentes han perdido derechos tras la Ley Universitaria y califica de “violación a la Constitución” el plazo para obtener posgrados. Agrega que este último es insuficiente ante las limitaciones económicas y laborales de los maestros.
Catedráticos han cumplido requisito en mayoría
Casi el 80% de catedráticos ya cumple con esta exigencia de la Ley Universitaria. En las universidades privadas, de 37.043 profesores, 66% cuenta con maestría, 14% con doctorado y 20% con ninguno de los dos, según el más reciente informe técnico elaborado por el Ministerio de Educación (Minedu),junto con la Asociación de Universidades Públicas del Perú (ANUPP).
Y, pasados los seis años de plazo, de 23.611 docentes de universidades públicas, el 46% ya tiene maestría; 32% doctorado y 22% aún no los acredita.
En el caso de los maestros de las casas universitarias estatales, más de la mitad de los catedráticos que aún no acreditan los grados sí han egresado, pero se encuentran en proceso de registro ante la Sunedu o les falta su título. Así, entre las instituciones con más de la tercera parte de profesores sin estos estudios están la UNI y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Solución final deberá basarse en evidencia
La recomendación técnica del sector es evaluar una ruta legal de ampliación de plazo para aquellos que están en proceso de cumplimiento, tomando en cuenta los tiempos para las tesis o la sustentación de los trámites, lo cual les permitirá cumplir con el grado. Para ello, además de la normativa, se necesitará financiamiento.
El exdirector de Educación Superior del Minedu Jorge Mori precisó que la solución final deberá basarse en evidencia, ser viable y atender a quienes realmente necesitan el plazo, sin desconocer a los que sí cumplieron. “La propuesta es de dos años, lo cual ayudaría a los egresados de posgrado a culminar sus trámites. Ya hay un estudio técnico del Minedu (elaborado durante su gestión) con las medidas. También se debe considerar y respetar el esfuerzo de quienes han cumplido con los requisitos. Con esos ojos, se debe evaluar cualquier propuesta. El Estado tendrá que tomar una decisión; de lo contrario, la Sunedu va a tener que aplicar la norma”.
El también experto en políticas universitarias subraya que se tendrá que buscar un equilibrio y legislar para el 100% de docentes. En ese sentido, no considera viable una propuesta de ampliación de cinco años si ésta carece de justificación.
Conflicto de intereses
El congresista José Luis Elías Ávalos de Podemos Perú, es miembro titular de la Comisión de Educación pese a ser accionista y fundador de la Universidad Privada San Juan Bautista, con sedes en Lima y Callao. Por tanto, tendrá voz y voto durante el debate de los primeros proyectos de ley que pretenden cambiar las reglas exigidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Más aún, Ávalos es un conocido opositor a la reforma universitaria.
Antes de pasarse a las filas del partido de José Luna Gálvez, dueño de la Universidad Telesup, no licenciada y declarada en férrea rebeldía a la Sunedu, Ávalos en el 2014 votó en contra de la Ley Universitaria y cuando ésta fue aprobada intentó modificar y derogar varios de sus artículos bajo el argumento de que atentaba contra la autonomía de las universidades.
Es más, también intentó reactivar la ‘ley Cotillo’, que buscaba mantener a los rectores rebeldes a la Sunedu y presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Universitaria, pero no logró su objetivo. Y en su primer mes como miembro titular de la Comisión de Educación solicitó la presencia del ministro Juan Cadillo a quien días después, instó a presentar un informe pormenorizado sobre la situación actual de la denegada Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica). La República buscó su versión, pero solo obtuvo silencio.
Y si bien la universidad de Ávalos logró su licenciamiento en el 2019, tiene que renovar su autorización en los próximos cinco años cuando la Sunedu exija un nuevo proceso de licenciamiento.
Se frenó otro caso en conflicto
Otro caso fue el del parlamentario fujimorista David Jiménez, quien es dueño de la Universidad Privada Franklin Roosvelt, en Huancayo fue otro caso de conflicto de intereses en la Comisión de Educación. Su universidad no fue licenciada por la Sunedu. Y ante las críticas, se vió obligado a renunciar a ser miembro titular del grupo y cedió el cargo a su colega María del Pilar Cordero.
Pero lo hizo luego de que el congresista de Perú Libre Jorge Marticorena enviara un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para que les pida a sus bancadas cambiarlos por los claros vínculos con universidades privadas. Marticorena ha estudiado en la San Luis Gonzaga de Ica. Pese a ello, está favor de la reforma universitaria y la Sunedu.
Peligro de influencias
Es preciso considerar que hace una semana, la vicepresidenta Dina Boluarte afirmó que sostuvo una reunión con profesores de universidades públicas para revisar, entre otros puntos, “la ampliación del plazo” para que los docentes obtengan posgrados.
Fuente: La República
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