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Los hijos del Cóndor: sus propios colaboradores ahora incriminan al gobernador regional de Arequipa

declaraciones incriminatorias por colaboradores contra gobernador de Arequipa

Una lista larga de conversaciones y declaraciones explosivas han tenido lugar esta semana durante la audiencia de prisión preventiva para el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. Esta es la primera vez que una autoridad regional en funciones es arrestada y procesada a mitad de su gestión por delitos graves como organización criminal y corrupción de funcionarios.

Al ser un caso prominente fue asignado al Sexto Juzgado para casos de corrupción de funcionarios de Arequipa, que preside el juez José Málaga Pérez. El magistrado lleva escuchando los alegatos del fiscal anticorrupción Arturo Valencia Paiva desde el miércoles 3 de noviembre, en audiencias maratónicas que se realizan de manera virtual. Las jornadas inician a las 8 de la mañana y finalizan pasada las 7 de la noche.

La imputación es concreta. Se acusa al gobernador Elmer Cáceres Llica de liderar una presunta organización criminal denominada ‘Los hijos del cóndor’ desde el 2019 hasta su arresto ocurrido el 23 de octubre último.  El objetivo era tomar el control del Consejo Regional para lo que captó siete consejeros, a quienes ofreció dinero, terrenos, obras, puestos de trabajo y otros, a cambio de que no fiscalicen su gestión. La supuesta red la constituyen 25 personas, entre consejeros, gerentes y asesores del Gobierno Regional de Arequipa, dirigentes sociales y hasta efectivos policiales.

Culminada la primera etapa del arresto preliminar ordenado a 20 personas – de las cuales solo 16 fueron detenidas-, la fiscalía presentó un requerimiento de prisión preventiva de 36 meses. La solicitud, ésta vez, fue para el gobernador Elmer Cáceres Llica; el gerente general del GRA, Gregorio Palma; el jefe de Copasa, Marcelo Córdova; el gerente de Autodema, Napoleón Ocsa; el asesor del gobernador Leodán Llayqui; y los consejeros Veto Bernal y Jeymi flores. Aunque inicialmente considerado, se desistió de solicitarla para el jefe de Planeamiento y Presupuesto, Javier Rospigliosi, quien habría pasado a ser un colaborador más de la investigación; y por tanto, tendría que mostrar evidencias incriminatorias contra el principal acusado, el gobernador.

No obstante, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, está dispuesto a luchar por su libertad. Su abogado, Aldo Ramos ha planteado que mientras dure la investigación cumpla una comparecencia con restricciones. Para garantizar que no huirá del proceso, pondrá en garantía su inmueble y se apartará del GRA por 45 días. El juez Málaga Pérez aún no se ha pronunciado.

Declaraciones perjudiciales contra gobernador de Arequipa

La declaración de la semana fue la del asesor legal del Gobierno Regional de Arequipa, Augusto Palaco Toro, sindicado como uno de los integrantes de ‘Los hijos del cóndor’.

El funcionario brindó su testimonio en el que compromete al gobernador Elmer Cáceres Llica. Señaló que la autoridad le cuestionó haber observado la ordenanza 461, la cual favorecía a la asociación Sol Radiante, permitiéndole adjudicarse terrenos de Autodema mediante la cesión de uso. Luego también señaló que recibió presión del gerente general Gregorio Palma y del consejero Veto Bernal.

“Se me convoca a las oficinas de Gregorio Palma a los días de aprobada la ordenanza y en esa oficina estaba Veto Bernal y Gregorio Palma. Los dos me dicen que querían encontrar un procedimiento interno para que la ordenanza 461 sirva para disponer de los predios que estaban en la ordenanza 233, específicamente de Majes Siguas I… me indican que es para resolver un problema social… Yo les dije que lo íbamos a evaluar”, señaló el asesor en su declaración.

El funcionario también llegó a mencionar que el Gobierno Regional no tenía injerencia en la administración de tierras de Autodemas, pero el gobernador buscó una salida legal para convertirse en administrados de esos terrenos.

A eso hay que añadir la transcripción de una conversación sostenida entre el funcionario de confianza del gobernador, Marcelo Córdova y la consejera Chriss Díaz, sobre los actos ilícitos que también habría cometido Cáceres Llica. “Gilberto Gallegos es uno de los testaferros del gobernador y que Edwin Esquivel es la persona que cobra dinero por las obras”, le dice Marcelo Córdova a la consejera.

El consejero que fungía de operador del gobernador

El consejero por Caylloma, Veto Bernal Huarca, de 54 años, es sindicado de ser el operador de la presunta organización criminal. De acuerdo a la declaración de la agente especial Samanta Miranda Tijero, el legislador coordinada las reuniones entre los consejeros y el gobernador Elmer Cáceres. La Fiscalía lo señala como uno de los principales actores de la red ‘Los hijos del cóndor’, operando en beneficio de la autoridad regional.

Consejero Veto Bernal. Foto: Erick Rodríguez

Bernal Huarca captaba a los consejeros para que se una al grupo aliado del gobernador de Arequipa, a cambio de recibir diferentes dádivas. También fue el promotor de la ordenanza 461 para beneficiar a la asociación Sol Radiante; e impulsó la ley que aprobaba la venta de tierras a la asociación Pampas Bayas.

El consejero también coordinaba con sus demás colegas ‘aliados’ la entrega de terrenos de Autodema en Majes I. En uno de los audios se le escucha mencionar sobre la repartición de tierras mediante tickets.

“El ticket es el único documento que hay para la relación con los lotes. No hay ningún otro tipo de relación con los lotes. No hay nombres, no hay nada. El ticket es el único, es un cuadradito que les vamos a entregar, que yo lo tengo en mi poder”.

Consejero regional por Caylloma Veto Bernal en audios presentados en audiencia de prisión preventiva

El consejero se jactaba de haber colocado a Grover Delgado como gerente de Transportes, a Napoleón Osca en Autodema y funcionarios en redes de salud. Además, concertaba con los funcionarios de la región la colocación de personal en las obras y puestos administrativos.

El funcionario ha apelado a su diabetes y sobrepeso para evitar la prisión preventiva. También negó las conversaciones reveladas por la fiscalía que lo vinculan con los hechos delictivos. Bernal Huarca podría afrontar una pena no menor de 15 ni mayor de 22 años por organización criminal y cohecho pasivo propio.

El juzgado ha programado que las audiencias continúen este próximo lunes desde las 8 de la mañana para terminar de plantear la acusación contra el resto de los investigados.

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