Nuevas revelaciones salieron a la luz en la última semana, durante la audiencia de prisión preventiva contra el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, en el caso ‘Los hijos del cóndor’. Principalmente, la lista de posibles testaferros que habrían sido los intermediarios para que los consejeros y funcionarios del Gobierno Regional recibieran tierras y otros beneficios de manera ilícita.
El Ministerio Público recabó documentos, mensajes de whatsapp, fotografías y copias de DNI de unas 20 personas, entre las que destacan el hermano del consejero regional Wuile Ayñayanque Rosas, Justino Winder Ayñayanque Rosas. También figuran los nombres de Renzo Javier Chalco Peña, quien sería presunto testaferro del exgerente de Autodema, Marcelo Córdova. Además de los posibles intermediarios de la consejera Jeimi Flores y el consejero Richard Cervantes, Benyi Ríos Minaya y Aldo Villagarcía Loayza.
Las pruebas se recopilaron durante el allanamiento e incautación de bienes realizado a las viviendas de los investigados Marcelo Córdova y del dirigente de Pampas Bayas, Mario Jacobo Jacobo. Además de demostrar que ambos personajes coordinaban secretamente con el grupo de consejeros ‘aliados’ para que el Consejo Regional de Arequipa les otorgue las 5 mil 200 hectáreas de tierras administradas por la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema).
Las negociaciones, según ha sustentado la Fiscalía Anticorrupción, arrancaron desde octubre de 2019, cuando se pretendía interpelar al entonces gerente de Autodema, Marcelo Córdova. En ese entonces, el funcionario se había comprometido a otorgar parcelas de tierra a los consejeros, a cambio de su respaldo político para permanecer en el cargo. Entre las evidencias se encuentra la testificación del agente especial Samanta Miranda Tijeros y colaboradores que se mantienen bajo reserva.
Según el Ministerio Público, los integrantes de la presunta organización criminal ‘Los hijos del cóndor’ actuaron con codicia; y sin respetar las normas pretendían adueñarse de tierras del Estado. Estos actos eran de pleno conocimiento del gobernador Elmer Cáceres Llica, quien además apoyaba las acciones de sus funcionarios; incluso se menciona que él también sería uno de los beneficiarios con la entrega de tierras.
Las posibles penas para los implicados en ‘Los hijos del cóndor’
Durante la semana, el Ministerio Público ha explicado las consecuencias que podrían asumir los implicados en esta presunta red de corrupción; tanto en el ejecutivo del GRA, como en el Consejo Regional.
Anteriormente, la fiscalía planteó una pena de hasta 31 años para el gobernador Elmer Cáceres Llica por ser el presunto líder de la organización criminal. Y por haber participado directa e indirectamente en la entrega de sobornos.
Mientras el gerente general, Gregorio PalmaFigueroa, podría ser condenado a una pena de 16 años por organización criminal y cohecho activo genérico en concurso real. Las pruebas que lo vinculan son principalmente la reunión que sostuvo con consejeros en un restaurante. Allí entrega 10 mil soles y una botella de whiski a cada uno. Asimismo, las conversaciones grabadas con los consejeros y la agente especial. No obstante, su defensa ha pedido comparecencia con restricciones y 10 mil soles como garantía de que no rehuirá del proceso.
En cambio, para Marcelo Córdova Monroy, exgerente de Autodema y exjefe de Copasa, se ha propuesto una pena tentativa de 16 años de cárcel por organización criminal y cohecho activo. Los hechos que se le atribuyen son haber ofrecido tierras a la consejera Chriss Díaz para que vote en contra de la interpelación; también haber ofrecido a los consejeros Jeymi flores, Santiago Neyra, Veto Bernal, Miguel Guzmán, Tomas Ayñayanque y Richard Cervantes; terrenos en Majes Siguas para que no lo interpelen como gerente de Autodema. Este ofrecimiento lo hizo por encargo del gobernador Elmer Cáceres Llica. Su abogado defensor ha negado que haya cometido delito alguno; señala que sus acciones formaron parte de las negociaciones políticas que se dan en este ámbito.
No obstante, para el exgerente de Autodema, Napoléon Ocsa Flores, se postuló una prognosis de pena de 16 años y 8 meses por los delitos de organización criminal y cohecho activo genérico. Entre los elementos agravantes se enumeró la expedición de un informe a favor de la asociación Pampas Bayas; y coordinar con los consejeros para que solo se beneficie a los consejeros a través de una ordenanza. Asimismo, otorgó una resolución a la asociación Sol Radiante favoreciéndola en la entrega de tierras. Su defensa cuestionó los audios mostrados como prueba en contra del exfuncionario, las cuales no han sido corroborados.
El Ministerio Público planteó una condena probable de 15 años para el presidente de la asociación Pampas Bayas, Mario Jacobo Jacobo. Los hechos que se le atribuyen son haber ofrecido tierras a los consejeros aliados; a cambio debían aprobar la ordenanza que dispone la entrega de 5 mil 200 hectáreas. También se le halló conversaciones con funcionarios involucrados como Marcelo Córdova, Napoléon Osca. Sin embargo, su defensa ha pedido que no se aplique ninguna medida coercitiva y a cambio entregará una caución de 5 mil soles.
La siguiente semana se discutirá la imputación a la consejera Jeymi Flores Quicaño y con ello se cerraría el debate. Por consiguiente, el juzgado tendrá que resolver en los próximos días si ampara o no el pedido de prisión preventiva contra el gobernador y otros siete investigados.
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La entrada Los hijos del cóndor: más testaferros y conversaciones comprometen a consejeros aparece primero en El Búho.