La comunidad de Santa María, en Loreto, pidió ayuda al gobierno ante el incremento de embarcaciones de minería ilegal en el río Nanay. Debido a que, los mineros de nacionalidad extranjera quieren adueñarse del río y llegaron a amenazar de muerte a miembros de la comunidad.
El pasado 7 de octubre ocurrió el último ataque. En plena madrugada (2:00 a.m.) un vigilante comunal advirtió la presencia de tres embarcaciones que trasladaban galones de combustible de forma sospechosa. La comunidad de Santa María es una de las pocas que se ha organizado para defender su territorio de la ilegalidad. Por lo que, cuando el aviso al puesto policial no obtuvo respuesta, la junta vecinal actuó sola.
Cinco vigilantes comunales persiguieron a la embarcación sospechosa. Sin embargo, cuando lograron alcanzarla, uno de los mineros a bordo de la embarcación amenazó de muerte a los pobladores con un arma punzocortante y otro con un arma de fuego.
Jhony Huaymacari, dirigente comunal de Santa María, declaró a la prensa su preocupación ante el poco apoyo que tienen del Estado ya que este ataque no fue el primero que sufren, donde sienten que su vida peligra.
“Ya nos hemos cansado y ya no confiamos en la Policía, ni en las autoridades. Realizamos una asamblea de emergencia y decidimos cerrar el río como medida de lucha”
Jhony Huaymacari, dirigente comunal de Santa María.
Comunidad en Loreto exige compromiso del Estado
Al principio, la comunidad y la Policía entablaron un acuerdo con el actual comisario de Santa María, del distrito de Alto Nanay. Según el acuerdo, la Policía Nacional trabajaría con los vigilantes comunales para el control y vigilancia en la zona.
Sin embargo, según Huaymacari, al final se olvidaron de ese compromiso, y sospechan de una relación entre los policías y los mineros ilegales. Por ello, demandan la presencia y ayuda inmediata del presidente de la Nación y del gobierno nacional y regional.
Ante la llegada de oficiales de la Marina, la comunidad en Loreto realizó una nueva asamblea en la que acordaron quitar la cuerda que cerraba el río ante el inminente peligro por la minería ilegal. No obstante, demandan la presencia permanente de la Marina con un puesto naval en su comunidad y la acreditación de dos sargentos de playa elegidos por la comunidad.
Además, demandan la salida de los extranjeros que están en esta zona, y la aceleración de los 40 proyectos de infraestructura que están a la espera de respuesta en su distrito. Entre los que figuran las obras de ampliación de su centro de salud, la instalación de agua y desagüe, y la refacción de un colegio.
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