La Fiscalía terminó de sustentar este lunes el recurso de apelación contra la sentencia impuesta, en primera instancia, al alcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, a 6 años de cárcel por la adquisición irregular de 40 cámaras de videovigilancia.
El Ministerio Público ha pedido que el burgomaestre reciba una pena de 9 años efectiva por su responsabilidad en la colusión agravada. Según la hipótesis fiscal, Candia Aguilar hizo un ‘pacto colusorio’ con sus funcionarios y el consorcio Soluciones Andina, para direccionar la entrega de la buena pro del proyecto, valorizado en más de 2 millones 100 mil soles.
El fiscal superior Carlos Herrera acusó al acalde de Arequipa de ser el ideólogo del delito. Herrera expuso que el entonces alcalde de Alto Selva Alegre actuó con la intención de perjudicar al municipio distrital, reorganizando y delegando sus funciones de alcalde a un asesor externo.
“Todo ha sido intencional, el señor Candia ideo todo. Empezando por la delegación de facultades para realizar el proyecto, incluso antes de su gestión, con la intención de perjudicar al Estado (…) Contrató a un asesor externo y delegó sus facultades, reestructuró el sistema de contrataciones y el manual de organización y funciones. El Ministerio Público ha dicho que todas esas omisiones han sido intencional”, expresó el fiscal Herrera.
Alcalde de Arequipa, el autor del delito
La Fiscalía sostuvo que el exalcalde de Alto Selva Alegre tuvo pleno conocimiento de lo que ocurría con el proyecto. Creó un escenario funcional dentro de la gestión administrativa municipal para beneficiar a la empresa. A pesar de que existieron pedidos de nulidad por parte de organismo supervisor, OSCE, para declarar la nulidad del contrato; así como el incumplimiento de la empresa al momento de la ejecución del proyecto.
Al término del proyecto, el municipio recibió una multa de Seal de más de 300 mil soles por usar sin autorización los postes de luz para la instalación de cámaras. Además, durante un operativo de la Fiscalía se constató que los equipos no estaban operativos.
Aunque, su abogado Pablo Talavera ha señalado que el burgomaestre no puede ser condenado por este caso. Indicó que el edil no tuvo participación funcional en el proceso de contratación y tampoco en la ejecución de mismo.
La siguiente audiencia fue programada para el 1 de agosto, desde las 14:30 horas. El caso es evaluado por la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Arequipa.
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