En medio del proceso de apelación contra la sentencia de Omar Candia, alcalde de Arequipa, la Fiscalía solicitó penas efectivas para los exfuncionarios involucrados en el caso de la compra irregular de 40 cámaras de seguridad.
El Ministerio Público señaló en audiencia que los exfuncionarios del municipio de Alto Selva Alegre, Juan Lipe Lizárraga y Reynaldo Díaz Chilo, tienen responsabilidad en el acto colusorio. En consecuencia, la sanción debe ser una pena efectiva al haber participado junto al alcalde en la compra irregular de 40 cámaras de seguridad.
Sin embargo, los abogados defensores han negado que los exfuncionarios hayan cometido una colusión agravada como sostiene la fiscalía. Además, rechazaron pagar la reparación civil de 2 millones que solicita la Procuraduría de la Contraloría de la República.
Prisión para exfuncionarios de alcalde de Arequipa
Respecto a Juan Lipe Lizárraga, la fiscalía pretende que la pena de 3 años suspendida se incremente y pase a ser efectiva. El Ministerio Público pide 4 años de cárcel efectiva por colusión simple, ya que no es la primera sentencia que recibe. Con una condena anterior por el delito de negociación incompatible, el ex subgerente de Logística merecería ir a prisión, sostuvo este lunes el presentante del Ministerio Público.
El exfuncionario integraba el comité de selección y utilizó su cargo para cometer el delito en perjuicio de la municipalidad de Alto Selva Alegre. Sin embargo, la defensa de Lipe Lizárraga indicó que la pena de negociación incompatible se estableció después de ocurridos los hechos. Además, considera que el ex subgerente no cometió delito y debe ser absuelto.
Igualmente, el Ministerio Público insistió en la responsabilidad de Reynaldo Díaz Chilo, ex subgerente de servicios comunales. Chilo fue presidente del comité de selección a cargo del proceso de compra. Según la fiscalía, tuvo una intervención directa en el delito de colusión agravada. Su participación se dio desde la contratación del consultor del proyecto hasta la licitación y adjudicación al consorcio Soluciones Andinas.
El exfuncionario otorgó la buena pro del proyecto de compra e instalación de cámaras de videovigilancia, pese a las observaciones presentadas.
A todo esto, la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio ha señalado que la audiencia del caso continuará el siguiente miércoles 17 de agosto, a las 14:30 horas.
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