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El Congreso de la República tiene en su agenda la inhabilitación de la vicepresidenta Dina Boluarte y la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo.

El proyecto de ley de reforma constitucional presentado este martes al Congreso, que propone el recorte del mandato presidencial, adelanto de elecciones generales y un referéndum, se suma a varios proyectos que tienen que ver con la inhabilitación y la vacancia presidencial. Ninguno ha logrado un consenso mínimo para ser aprobado aún.

La congresista Digna Calle Lobatón (Podemos Perú),segunda vicepresidenta del Parlamento Nacional, fue quien sustentó este martes ante la Comisión de Constitución y Reglamento el Proyecto de Ley que tiene por objeto recortar el mandato presidencial, congresal y del Parlamento Andino.

Propone que “el presidente y la vicepresidenta de la República elegidos en las Elecciones Generales de 2021, concluyen su mandato el 28 de julio de 2023. Los congresistas de la República y los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, elegidos en el mismo proceso electoral, culminan su representación el 26 de julio de 2023”. Las elecciones generales las tendría que convocar el Presidente de la República dentro de las 48 horas de entrada en vigencia de la norma y se realizarían el último domingo de marzo de 2023.

“Nos vamos todos”, dijo Calle Lobatón y añadió que esta iniciativa responde a la crisis política sostenida que la población siente desde hace ocho meses. Además, tiene la finalidad de preservar y fortalecer nuestro sistema democrático y la gobernabilidad del país, argumenta.

Otras mociones de adelanto de elecciones en el Congreso

Otra propuesta similar, presentada por la congresista Susel Paredes Piqué (Integridad y Desarrollo),se sustenta en la grave incapacidad además de serios indicios de corrupción en el entorno presidencial. Así también la sospecha de gestiones indebidas de interés en la adjudicación de obras públicas.

Pero ya antes, el 28 de abril de este año, Perú Libre, el partido de gobierno, presentó también un proyecto para recortar el mandato del presidente de la República y los congresistas. Si bien fue presentado por Pasión Dávila, el vocero de esa bancada Waldemar Cerrón y otros congresistas retiraron sus firmas. Con ello pasó al archivo y no pudo seguir su trámite por no contar con las firmas mínimas requeridas por el reglamento legislativo. Sin embargo, el autor comentó que su firma no había sido retirada y que no lo hará.

Propuesta de adelanto de elecciones incluye referéndum

El proyecto de adelanto de elecciones de la congresista Digna Calle bien podría aprobarse por mayoría absoluta en el Pleno. Esto es, con 66 votos para que los ciudadanos puedan decidir si están de acuerdo o no.

La congresista explicó que, aunque el proyecto de reforma constitucional pase el primer filtro que es la Comisión de Constitución; es muy poco probable que se pueda, finalmente, aprobar con dos votaciones calificadas de 87 o más votos en dos legislaturas diferentes.

Por ello, su propuesta considera que “el texto pase al Pleno antes de que concluya setiembre, se apruebe con una mayoría absoluta de 66 votos y luego se convoque a un referéndum, lo que podría ser en diciembre para que los ciudadanos ratifiquen o no el adelanto de las elecciones como contempla el artículo 206 de la Constitución”.

Digna Calle comentó que algunos colegas suyos le han pedido retirar la iniciativa. E incluso otros le han sugerido que renuncie a la segunda vicepresidencia del Parlamento.

Pero primero va la inhabilitación de Dina Boluarte

Según lo consideró este martes el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, la inhabilitación de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, es fundamental. Esto, para que se pueda “continuar con la vacancia” del presidente Pedro Castillo.

“La inhabilitación de la vicepresidenta es básica para poder continuar con la vacancia del presidente […] una vez que inhabilitemos a la vicepresidenta, vamos a tener el campo abierto para incapacitar moralmente al presidente, buscar la vacancia por ese factor, y lo vamos a lograr”, explicó; e hizo un llamado a los congresistas: “tienen que reaccionar” y “darse cuenta” que se busca “un mejor futuro para el país”.

Como se sabe, el pasado 1° de julio la Comisión Permanente del Congreso de la República declaró procedente la denuncia constitucional contra la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Y le dio 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar su informe final.

Sin embargo, con el fin de la legislatura y la recomposición de las comisiones, recién el 25 de agosto la Comisión Permanente del Congreso aprobó la nueva nómina de integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Establecida para el periodo anual de sesiones 2022-2023, está compuesta por 25 congresistas de diferentes bancadas del Parlamento.

Precisamente, entre sus temas en agenda está la acusación constitucional contra la vicepresidenta del país. Esto, por firmar documentos como titular del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra de Estado y, además, ocupaba la vicepresidencia. El proceso se encuentra esperando la elaboración y/o ratificación del Informe Final que dejó el anterior grupo de trabajo.

Congreso va por la tercera moción de vacancia

Propuesta por el congresista del Partido Morado, Edward Málaga Trillo, la iniciativa cuenta con el apoyo de los parlamentarios Carlos Anderson (no agrupado); Diego Bazán, Adriana Tudela (Avanza País),Karol Paredes (Acción Popular) y Kira Alcarraz (Integridad y Desarrollo).

Según el documento que, dice Málaga, ya circula entre los congresistas para que lo conozcan; el pedido de vacancia se sustenta en tres argumentos que demostrarían la permanente incapacidad moral del presidente Pedro Castillo. El primero se refiere al “copamiento y desmantelamiento del aparato estatal a través de la designación de altos funcionarios con graves cuestionamientos”.

“Desde que asumió su mandato, el presidente Pedro Castillo ha designado para el cargo de ministros de Estado a personas seriamente cuestionadas por sus antecedentes, prontuarios e investigaciones en curso; dando a entender que, a su juicio, dichas personas eran idóneas para los cargos y las funciones que iban a desempeñar”, dice el oficio.

El segundo argumento es que el presidente Castillo, aprovechando la Ley del Servicio Diplomático de la República, ha propuesto como embajadores políticos a personas cercanas al gobierno que le brindaron apoyo durante la campaña electoral; a militantes del partido oficialista Perú Libre, e incluso a personas que tenían problemas con la justicia”.

Y el último se refiere a “las investigaciones por corrupción en el entorno más cercano del presidente Castillo, las cuales sugieren poderosamente que el jefe de Estado lidera una organización criminal”. Entre ellas los casos: Puente Tarata, Yenifer Paredes, Petroperú, los ascensos irregulares en las FF.AA. y el presunto “Gabinete en las sombras”.

Mociones de censura e interpelación a ministros:

El Congreso también ha realizado múltiples interpelaciones a los ministros como parte del control político que ejerce.

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