El gobierno de Pedro Castillo afronta una nueva crisis. En medio de los pedidos de vacancia contra el mandatario, el anuncio del cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho ha caldeado los ánimos entre gremios empresariales y compañías mineras, que exigen al Ejecutivo reconsiderar su decisión.
La confrontación inició con el anunció de acuerdo entre funcionarios del gobierno y representantes de tres provincias del sur de Ayacucho, quienes protestaban contra la contaminación en las cabeceras de cuenca de la zona. Mediante el acuerdo, se anunciaba la creación de una Comisión Ejecutiva encargada de negociar plazos y términos del retiro y cierre de las cuatro unidades mineras, que ya tenían fecha de cierre prevista. Asimismo, aclararon que no aprobarán ninguna ampliación.
El anuncio encendió las alarmas del sector empresarial, en especial de las afectadas. Se trata de Compañía Minera Ares, Apumayo y Sami, que anunciaron que agotarán todas las instancias legales para evitar el cierre de sus operaciones. Desde la primera, consideraron que se trata de un atropello en contra de la inversión privada y negaron que contaminaran al medio ambiente.
A ellos se sumaron los pronunciamientos de la Confiep; la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). Los tres gremios participaron en una conferencia de prensa conjunta con las mineras con disposición de cierre. Respecto al anuncio de Vásquez, consideraron que la premier estaba “pasando por encima del Estado de Derecho”. Así como atribuyéndose funciones que le corresponden a otras instancias.
La decisión de la administración Castillo hasta recibió críticas de empresarios del agro. Por ejemplo, la Asociación de Gremios Productos Agrarios del Perú (AGAP) consideró los cierres como un atentado y amenaza frontal contra la inversión privada. También cargaron contra la premier, asegurando que excedía sus competencias y vulneraba el marco constitucional con la firma de los compromisos con las comunidades ayacuchanas.
En la ciudad blanca también se suscitaron reacciones. La Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa (CCIA) expresó su absoluto rechazo al retiro de las extractivistas. Sugirieron que la decisión es una incongruencia respecto al mensaje de Pedro Castillo en CADE Ejecutivos. Además, lo exhortaron a rectificar el acuerdo adoptado por Mirtha Vásquez.
La amenaza de la inestabilidad política tras anuncio de cierre de minas en Ayacucho
Los airados reclamos de los gremios empresariales tuvieron respuesta desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). En vista de los cuestionamientos, emitieron un comunicado en el que volvieron a recalcar que el cronograma de cierre de las mineras en Ayacucho estuvo definido con anterioridad. En algunos casos, la etapa de cierre progresivo iniciaba en 2017. Mientras que la fase de post cierre culmina entre 2026 y 2030. Fechas establecidas en resoluciones directorales “aprobadas conforme a la normatividad legal vigente”.
Del mismo modo, pidieron calma y serenidad a los gremios empresarial y al sector minero. A su vez, a no abonar un clima de inestabilidad política del país. En especial cuando los peruanos tenemos necesidad de un clima de paz que permita inversiones responsables. Asimismo, desde el gobierno se aclaró que la ampliación de los permisos de exploración y explotación de las unidades mineras no es un proceso unilateral, como algunos empresarios reclamaban.
La amenaza de la inestabilidad política también es manifiesta de parte del Congreso de la República. Su presidenta, María del Carmen Alva, quien señaló que el anuncio de Vásquez “genera rechazo y mayor incertidumbre” respecto a la posición del gobierno. Advirtió que el Legislativo insistirá en la “defensa de la inversión pública y privada con seguridad jurídica”. Mientras que la comisión de Energía y Minas citó a la primera ministra para el miércoles 24, para que explique el cierre de las 4 operaciones mineras en Ayacucho.
Por otro lado, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) indicó que las minas en discordia fueron objeto de 82 acciones de supervisión. De estas, varias terminaron en procedimientos sancionadores con probabilidad de multas. Por ejemplo, en el caso de Apumayo, se corroboró que el botadero de desmonte superaba los límites máximos permisibles. Mientras que, en Pallancata e Inmaculada, se detectaron incumplimientos del plan de cierre.
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