-Ministro Carlos Gallardo es censurado por el Congreso y deberá renunciar al cargo. Así, el funcionario queda obligado a renunciar en las próximas 72 horas. La defensa del ministro fue débil y no pudo contestar a los cuestionamientos por el fiasco de la prueba docente y su filtración. Lejos de reconocer culpas, Gallardo adoptó un discurso sindicalista y endeble. Lo curioso es que las bancadas que respaldaron su censura fueron las mismas que están en contra de la Sunedu y la reforma universitaria, la misma que el saliente ministro no defiende.
-Presidente Pedro Castillo solicitó el levantamiento de su secreto bancario, tributario y de comunicaciones. Luego, el presidente negó rotundamente haber sido partícipe de algún acto irregular y que, al contrario de lo sucedido el pasado 20 de diciembre “las puertas de Palacio están abiertas para apoyar toda medida que busque aclarar dudas”. Como cereza al pastel, Castillo se reunió esta tarde por primera vez con periodistas de gran alcance mediático.
- Actualización: Luego de la reunión, el periodista Jaime Chincha adelantó que el jefe de Estado se mostró receptivo y recogió a las opiniones y críticas de la prensa presente. “Él ha asegurado que, entiendo, a apartir de enero va a comenzar a ofrecer entrevistas periodísticas”, dijo.
-Policía vigilará restricciones en Navidad. Con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo a la vuelta de la esquina y los casos de covid-19 en ascenso, la Policía Nacional reforzará la seguridad y vigilancia en las calles durante estas fechas. Un total de 7 mil policías patrullarán la ciudad haciendo respetar el toque de queda impuesto por el Ministerio de Salud. Además, se desplazarán unos 400 agentes a las playas del litoral controlando que se respeten las restricciones.
-JNE formaliza suspensión del gobernador detenido Elmer Cáceres Llica. La razón es la prisión preventiva por el caso ‘Los hijos del cóndor’. Además, añade que esta resolución se ha tomado, a pesar que no exista un pronunciamiento formal por parte del Consejo Regional de Arequipa. Añade que la privación de la libertad por mandato judicial, es un hecho objetivo e irrefutable que impide a Cáceres Llica continuar ejerciendo el cargo de gobernador.
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