El juicio por tráfico de tierras en el que está involucrado el exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, exfuncionarios municipales, exdirigentes y otros, llega a su recta final. Los jueces del Primer Colegiado Penal Supraprovincial de Arequipa se pronunciarán en setiembre sobre el pedido de 21 años de prisión efectiva solicitada en su contra por los delitos de cohecho pasivo propio, abuso de autoridad y organización criminal.
El emblemático caso se viene discutiendo desde marzo último, fecha en que salieron en libertad los últimos 6 investigados de los 31, en total . Entre ellos, el exfuncionario de confianza de Zegarra, José Luis Cavero, que estuvo 4 años cumpliendo una prisión preventiva en el penal de Socabaya.
Los abogados y la fiscalía comenzaron a exponer sus últimos alegatos, antes de dar por cerrado el debate. Previamente, se ha considerado que el exalcalde y el resto de involucrados expresen su defensa frente a las graves acusaciones.
Exalcalde de Arequipa y el tráfico de tierras
La investigación concierne sobre el tráfico de terrenos que el municipio de Arequipa estuvo promoviendo en las asociaciones de vivienda Jardines de Chachani y Trasoceánica. Esto, durante la gestión del exburgomaestre de Arequipa, Alfredo Zegarra (2011-2018). El 20 de marzo de 2018, la Policía montó un operativo en el que detuvo a 26 de los investigados.
Según la investigación fiscal, a través de la oficina de Diálogo y Sostenibilidad, dirigida por José Luis Cavero, el municipio realizó procesos de expropiación de tierras a la ciudadana Nadezhda Vargas Ortega. Esto para luego otorgárselos a los posesionarios y que sean formalizados a cambio de respaldo político a la autoridad.
Las pruebas posteriormente salieron a la luz. El exalcalde Zegarra Tejada apareció en videos y firmó documentos en los que avalaba a los traficantes de terrenos. Estos hechos fueron revelados en su momento por El Búho.
Frente a estos hechos, la Fiscalía inició una investigación compleja por delitos como organización criminal, estelionato y estafa agravada, falsedad genérica, usurpación de funciones, cohecho pasivo impropio y cohecho activo genérico.
También se denunció a los dirigentes por otros delitos como falsificación de documentos para realizar la transferencia y venta de lotes de las asociaciones de vivienda antes mencionadas.
En el transcurso del caso falleció uno de los investigados. William Merma Valencia, murió en agosto de 2018 mientras cumplía 36 meses prisión preventiva dictado por el Poder Judicial.
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