Con la finalidad de salvaguardar áreas estratégicas para la ejecución del Proyecto Especial Integral Majes Siguas (PEIMS),el Gobierno Regional de Arequipa (GRA),a través de su Procuraduría Pública, ejecutó el desalojo de ocupantes ilegales sobre cinco parcelas adquiridas entre los años 2016 y 2019 a comuneros de la zona de Pusa Pusa, en Caylloma.
En total, se recuperaron 784.42 hectáreas ubicadas dentro de la zona de embalse de la futura presa Angostura. Estas tierras fueron pagadas por Autodema, actual PEIMS, por un monto cercano a los 3 millones de soles. La intervención permitió eliminar viviendas precarias, corrales y cobertizos usados por personas que, pese a no tener derechos de propiedad, ocupaban el espacio.
Arequipa avanza con recuperación legal de predios
El gerente ejecutivo del PEIMS, Duberly Otazú García, precisó que la acción se llevó a cabo conforme a lo establecido por la Ley 30230, que regula la defensa y recuperación extrajudicial de bienes del Estado.
Las parcelas recuperadas están inscritas en registros públicos con sus respectivas partidas registrales: la 29 (N.° 4005077),la 33 (N.° 4005050),la 34 (N.° 4005011),la 48 (N.° 4005021) y la 49 (N.° 4005034). Todas forman parte del espacio destinado al embalse de la presa de Angostura, una pieza esencial en la segunda etapa del proyecto agroexportador Majes Siguas.
Esta operación se fundamenta en el Decreto Legislativo 1192, que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, norma bajo la cual se realizó la compra legal de los terrenos a los comuneros. La intervención buscó garantizar que los bienes del Estado cumplan su función pública y no sean objeto de apropiaciones indebidas.
Conflictos sobre tierra evidencian vacíos en planificación
En paralelo al desalojo, la congresista María Agüero, autora de la Ley 32352, denunció que aún persisten territorios sin catastro ni delimitación oficial. “AUTODEMA, una vez más, sin cronograma, sin polígonos y sin voluntad”, expresó en redes sociales. La norma busca que terrenos no utilizados por el Estado sean transferidos a municipalidades rurales.
Agüero anunció acciones concretas: impulsar un memorial conjunto con alcaldes, solicitar la intervención de COFOPRI y priorizar la fiscalización de Autodema desde el Congreso. “Mientras el pueblo espera suelo para vivienda, planificación y justicia, AUTODEMA administra la inacción”, sostuvo, exigiendo cumplimiento efectivo de la ley.
Este conflicto pone sobre la mesa la necesidad de avanzar en planificación territorial, catastro actualizado y una clara política de uso del suelo en zonas rurales de Arequipa. Las demandas de alcaldes de distritos como San Juan de Siguas, Quilca o Lluta revelan una urgencia aún no atendida del todo.
La recuperación de terrenos en Pusa Pusa es un avance para Majes Siguas, pero también expone la brecha entre el planeamiento institucional y la realidad local.