La Amazonía es una de las zonas del país que está en constante peligro por la deforestación que amenaza acabar con los bosques. Si bien hay amenazas externas que de formas ilegales intentan deforestar hectáreas del verde amazónico, también hay iniciativas legislativas que proponen la construcción de carreteras y vías por zonas ya afectadas por la deforestación.
La magnitud de pérdida de bosques en los últimos 12 años ha sido devastadora. Según un informe de Convoca.pe, la deforestación ilegal en zonas como Loreto, Ucayali y San Martín, alcanza las 20 mil hectáreas. De ellas, 15 mil fueron deforestadas para monocultivos pertenecientes a dos grupos empresariales: el de Denis Melka y el del Grupo Romero.
Deforestada por colonia religiosa Menonitas
En noviembre del 2020, el fiscal especializado Daniel Valera detuvo una deforestación en el caserío de Nueva Jerusalén, en medio de la selva de Ucayali. Cuando llegó a la zona, al menos tres kilómetros de bosque habían sido talados. En la zona encontró a cuatro hombres muy altos, rubios, ojos azules y rasgos angulosos. Uno de ellos, llamado Johan Friesen, le dijo en su incipiente español que solo cumplían las órdenes de Jacobo Klassen.
Ellos pertenecen a una colonia religiosa de Menonitas, que cuenta ya con tres investigaciones fiscales por delitos contra los bosques de forma agravada. Ellos aseguran que los sembríos de arroz y soya son para su autoconsumo, pero las autoridades han indagado sobre su relación con las empresas madereras. Esta colonia no solo es una amenaza en Perú: también en Colombia y Bolivia son uno de los principales impulsores de la deforestación. En el país altiplánico han causado una pérdida de 5 mil hectáreas.
El fiscal señaló que, a pesar de que los encontraron en flagrancia haciendo un cambio de uso de tierra sin autorización, la prisión preventiva que pidió la fiscalía para los extranjeros fue declarada infundada y la zona fue totalmente deforestada.
El grupo religioso además está involucrado en diferentes procesos de investigación, uno de ellos denominado Tierra Blanca. El caso aún se encuentra en investigación preliminar, sin embargo, Convoca.pe logro identificar su modus operandi: 3 funcionarios públicos fueron los que facilitaron el acceso a las tierras.
¿Quiénes más están detrás de la deforestación de bosques en la amazonia?
Así como existe la deforestación ilegal, también existen responsables de zonas deforestadas para actividades económicas a gran escala. Convoca hizo un registro de todos los personajes que aparecen en los expedientes fiscales y documentos relacionados a los casos de deforestación de grandes grupos económicos. Identificó a 206 personas vinculadas a los procesos de investigación abiertos por la deforestación en la zona de Loreto, Ucayali y San Martín.
Lo más preocupante es que 25 de estas personas son funcionarios y servidores públicos. Se pueden encontrar a exgobernadores regionales, exalcaldes y comisarios, que han estado vinculados en los procesos de investigación del Ministerio Público. Su participación fue clave para las empresas que han logrado depredar la Amazonía. La corrupción va de la mano con la tala ilegal de los bosques y tráfico de tierras.
Grupos económicos: bosques deforestados por grupos de poder
Denis Melka, el creador de la Empresa Cacao del Perú del Norte SAC, fue acusado de depredar 13 mil hectáreas de bosque. Además, de gestionar la compra y venta de terrenos y solicitudes de adjudicaciones de tierras en el predio del Fundo Tamshiyacu, zona donde existían bosques primarios que fueron arrasados para el cultivo de cacao.
Otro caso: el del Grupo Romero. La Fiscalía y la Procuraduría Pública los señalaron de ser responsables de la pérdida de más de 2 mil hectáreas deforestadas en Loreto y San Martín. La primera investigación detectó que se habían deforestado entre 500 y 600 hectáreas en la Quebrada Yurac, distrito de Yurimaguas. Su finalidad fue vender los lotes de terreno totalmente a favor de la empresa Palmas del Shanusi, que pertenece a este grupo empresarial. La segunda y tercera investigación revelan la destrucción de 500 hectáreas de bosque en el Caserío Mayrujay, en Yurimaguas; y la tala de 300 hectáreas en el Caserío Independencia – Nuevo Japón. Además de otras 200 hectáreas en el sector Independencia- Nuevo Japón. Esto habría sido con la ayuda de 4 funcionarios públicos.
Desde el Congreso: proyectos de ley que pueden acabar con nuestra Amazonía
A comienzos de este año, congresistas de Acción Popular, Perú Libre y Podemos Perú presentaron iniciativas que aun están en debate de la comisión de Transportes y Comunicaciones. La iniciativa más antigua es del congresista Juan Carlos Mori Celis, de Acción Popular, el pasado 4 de marzo. En el proyecto plantea que se declare de “necesidad pública e interés nacional” una carretera que conecte a Yurimaguas, Balsapuerto y Moyobamba, las dos primeras ubicadas en Loreto y la última en San Martín.
Sus objetivos son “afianzar el desarrollo económico y social sostenible de las comunidades nativas” y también que sería una “vía alterna”, necesaria que conecte a la ciudad de Moyobamba y el distrito de Balsapuerto. El proyecto propone un estudio de impacto ambiental y la consulta a las comunidades, pero no se advierte de los problemas que estas regiones sufren hoy en día, como el incremento de más de 50% de la deforestación y la perdida de bosques
Otro de los proyectos que plantea la construcción de una vía en la Amazonía se presentó el 4 de marzo. El congresista Segundo Montalvo Cubas, de Perú Libre, propone una “trocha carrozable” que recorra el caserío Opabán hasta la zona de Granadilla, en el distrito de Chuquibamba. Por otro lado, las propuestas de Podemos Perú son pedidos para que se retomen proyectos presentados por el Legislativo pasado, presentados por Luna Gálvez. Buscan que se declare de necesidad la construcción de carreteras en Ucayali, la región con mayor pérdida de bosques durante el primer año de pandemia. Además de ignorar las consecuencias ambientales de su ejecución.
Construcciones en la Amazonía: propuestas antitécnicas
Una más de las propuestas presentadas es la Mery Eliana Infantes Castañeda de Fuerza Popular. Ella plantea que se termine la construcción de una vía que conecta Perú y Ecuador. De igual forma, en el proyecto no mencionan algún riesgo o la situación ambiental que generaría esta propuesta.
Lucía Ruiz Astoic, exministra del Ambiente, dijo a Ojo Público, que en su mayoría estos proyectos generan expectativas frustradas al no cumplirse. Además, que este tipo de construcciones contribuyen a actividades ilícitas cono el narcotráfico o la tala ilegal.
Además, cuestionó que cada vez son más recurrentes los proyectos de ley no cuentan con análisis de costo y beneficio. Tampoco los que consideran opiniones de órganos técnicos o, si son solicitados, es solo por formalidad.
Karla Gaviño Masías, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, también declaró para Ojo Público que estos proyectos legislativos tienen “un carácter antitécnico”. Ya que cuando se trata de intervenciones que no han sido consideradas en el presupuesto de la región o localidad, es probable que no se haya culminado la parte técnica para ver si es posible realizarlo.
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