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Desde aquí siempre hemos sostenido que el principal factor del fracaso de los intentos de vacancia del profesor Pedro Castillo no es su fortaleza o conocimiento político sino los errores del sector político a quien los medios han identificado como «derecha bruta y achorada», que tiene representantes parlamentarios unos más brutos y otros más achorados. Hoy ellos, a despecho de los resultados de la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que arroja un 76% de apoyo a la propuesta «¡que se vayan todos!», están al borde de poner el Congreso en peligro de autoliquidación.

Ello, porque merced a un incalificable informe de la Contraloría General de la República, intenta sancionar a la primera vicepresidenta Dina Boluarte para inhabilitarla políticamente y bloquear la sucesión constitucional y, así, aislar a Pedro Castillo y entronizar a María del Carmen Alva en la presidencia provisional de la República, tal como ocurrió con Manuel Merino de Lama. Promotores de esta alternativa son la propia presidenta del Parlamento y los ultras Jorge Montoya, Norma Yarrow, Patricia Juárez y Patricia Chirinos.

El problema es que el resto de los parlamentarios, aun los de los partidos de derecha, no quiere irse. Y no están de acuerdo en lanzarse a una vorágine que podría acabar con las masas populares en la calle, despidiendo al profesor, pero también reclamando el cierre del Congreso. Tampoco los parlamentarios acciopopulistas, de APP o Somos Perú están dispuestos a entregar sus curules tan fácilmente. Y, por supuesto, mucho menos los de Perú Libre, que cada día toman más distancia de su secretario general a quien ya se le oye decir, como a Francisco de Carvajal, «Ay estos mis cabellicos maire, uno a uno se los lleva el aire», por las deserciones diarias que está recibiendo.

Pero a María del Carmen Alva no le interesa eso y, como Ricardo III a punto de morir, está dispuesta a ceder su reino por un caballo, en este caso por una banda presidencial, aunque sea por solo cinco días para igualar a Merino en duración y en pensión.

Por ello, el debate en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de esta semana no va a versar sobre las supuestas faltas administrativas de la vicepresidenta (que no las hay o que son tan insignificantes que no merecen perder tiempo en ellas) sino sobre el futuro de los actuales congresistas. O apuestan por respetar la sucesión constitucional o se dejan arrastrar por los termocéfalos a la culminación anticipada de su mandato.