Sin que nadie se inmute hoy día, el próximo martes el país podría amanecer con sus carreteras desiertas y/o bloqueadas, paralizando la producción, el comercio, el turismo y los desplazamientos humanos. Ello, porque a los gremios nacionales de transportistas de pasajeros y carga las medidas contra la pandemia adoptadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) los está llevando al colapso.

Solo un ciego no podría ver los problemas que hoy afronta el transporte interprovincial de pasajeros. Actualmente, el MTC le exige que, para servir las zonas de Nivel Extremo, en viajes de más de cinco horas se solicite una prueba molecular con resultados negativos para COVID-19, obtenido como máximo 72 horas antes de embarcar. En caso sea menor, el aforo solo es de 50% y se utilizarán los asientos del lado de la ventana.

Pero, al mismo tiempo, el MTC no controla a las líneas informales que los han desplazado del mercado. Cuando las personas dan positivo en los terminales de Lima Norte o Yerbateros se van a los vehículos informales y viajan. Peor aún, en las afueras hay ambulantes que ofertan certificados negativos falsificados a solo 50 soles. En cambio, a los pasajeros de las líneas formales les cuesta entre 130 y 200 soles. Peor aún, hay regiones como Áncash, Satipo, Huánuco, Huancayo Huamanga Andahuaylas, en las que simplemente no hay pruebas de antígenos. Todo un calvario, que nace en que las disposiciones legales se redactan en el MTC para un país inexistente, sin tomar en cuenta el peso de la informalidad.

Pero el mal no es solo de desconocimiento de la realidad sino también de absoluta indiferencia gubernamental ante ella. El último 8 de marzo, un grupo de buses y camiones llegaron a la sede del MTC prendiendo sus luces y haciendo sonar sus bocinas para graficar su malestar, pero la demostración sirvió de poco. Han pasado los días y los dirigentes no han recibido ninguna respuesta del organismo regulador.

Los camioneros, muchos de ellos propietarios individuales, y también empresas tampoco la pasan bien. El alza del precio de los combustibles y de los peajes, y la falta de servicio de mantenimiento eficiente a las carreteras a pesar de este pago, los tiene más que irritados. Sus dirigentes afirman que, desde octubre del año pasado, el precio de los combustibles se ha reajustado para arriba 19 veces.

En cuatro días, 100.000 camiones y 7 mil buses podrían apagar sus motores y, con ello, dejar sin respiración al ya maltrecho cuerpo del país. Ojalá que el gobierno se entere.