Transferencia de riqueza del estado al privado

JORGE MANCO ZACONETTI

A casi treinta años del cuestionado proceso de privatizador se debe hacer una evaluación de la misma. En especial por los problemas que aquejan actualmente a los usuarios con las alzas tarifarias de la energía, telefonía, GLP, combustibles. Con una participación mínima del Estado en la renta minera, y cuya actividad nuevamente experimenta un ciclo expansivo de precios, se pone en discusión el tema.

Es más, la propuesta del “Plan de gobierno de Perú Libre” apunta a la nacionalización y/o estatización de las empresas mineras, gasíferas, petroleras e hidroeléctricas, previa negociación.

Por ello, urge hacer una evaluación del proceso privatizador, que ha significado una transferencia de riqueza desde el Estado hacia el capital privado, sobre todo transnacional y el público ha pagado la factura con precios elevados de las tarifas en el caso de los servicios públicos privatizados y mínima participación en la renta en el caso de las empresas extractivas (minería e hidrocarburos)

A los consumidores les debe interesar las razones por las cuales los precios de los combustibles duplican a los vigentes en los Estados Unidos al igual que la tarifa eléctrica, y saber por qué las tasas de interés, que aparece como el precio del capital, es una de los más elevadas del mundo a pesar que el dólar está barato y la tasa de interés en USA no supera el 2 % y hasta menos.

En el caso de las unidades mineras que fueron del estado que están obteniendo márgenes de utilidades operativas (utilidades antes de impuestos) superiores al 50 % sin considerar los montos deducidos por depreciaciones que hacen mayor el excedente minero.

Hacia 1991/992 con el gobierno de Alberto Fujimori en alianza con los altos mandos militares bajo órdenes del capitán Vladimiro Montesinos, se dio inicio a un cuestionado proceso privatizador donde se vendieron empresas rentables, yacimientos, lotes petroleros, grifos, unidades mineras y eléctricas a precios de remate, de ocasión con altas dosis de corrupción.

SOLGAS

Era una unidad rentable de PetroPerú responsable del envasado, distribución y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP) que fue vendida hacia agosto de 1992 por un valor de US $ 7.5 millones de dólares. Fue comprada por un consorcio chileno Codigas y Lipigas.

Antes de su privatización esta empresa explicaba el 40 % del mercado del gas doméstico, tenía 9 plantas envasadoras a nivel país, una flota propia de transporte, un edificio de 10 pisos en el corazón de San Borja (Aviación con Javier Prado) cuyo seguro estaba valorizado en US $ 5 millones de dólares.

Como empresa rentable y eficiente generaba más de US $ 42 millones de ingresos, y US $ 2 millones de utilidades netas y fue vendida por el mecanismo de bolsa a poco de un mes del atentado terrorista de Tarata. Evidentemente el consorcio que adquirió la mayoría accionaria hizo un buen negocio pues hacia 1995 revende la empresa a la transnacional española Repsol, por un valor superior a los US $ 50 millones.

En el 2015 la empresa Repsol por los problemas financieros a nivel internacional decide transferir Solgás a la empresa chilena Abastible del grupo Copec por más de US $ 232 millones de dólares.

Entre 1992 al 2015 los precios de un balón de GLP habían aumentado de S/ 5 soles a más de S/ 35, producto de las perversiones del negocio, donde el principal productor de GLP resultaba ser el Consorcio Camisea a partir de la Planta de Fraccionamiento de Pisco.

En la transacción entre Repsol y la chilena Abastible la empresa se vendió por más de US $ 232 millones y según la legislación chilena, allá se tiene que explicar los componentes del precio pagado. Para mi sorpresa parte del precio alrededor de US $ 22 millones correspondían al valor de la marca. Solgás es una marca reconocida y ello tiene un valor en el mercado, es un capital intangible.

Por la lista de clientes Abastible tuvo que reconocer un valor de casi US $ 24 millones de dólares, así sucesivamente las instalaciones, edificios, plantas de envasado etc. justificaban el resto del valor pagado.

MRA. CERRO VERDE

Es otro caso de escándalo sobre la valorización que se hizo de las empresas estatales en la dictadura fujimorista. Esta unidad minera fue una inversión realizada durante el gobierno militar, que empezó a funcionar hacia fines de los años setenta. Era una empresa rentable con reservas aseguradas bajo responsabilidad estatal a pesar que los precios del cobre se mantenían por debajo de los US $ 0.70 centavos la libra.

En noviembre de1993 se transfirió la empresa minera Cerro Verde por un valor de US $ 36 millones y un compromiso de inversión de US $ 485 millones. Esta empresa ha cambiado de manos, es decir ha sido revendida a Phelps Dogde, y ahora es responsable de la mayoría accionaria la transnacional gringa Freeport Mac Moran.

Actualmente Mra. Cerro Verde es una empresa superrentable, con costos operativos de US $ 1.20 la libra cuando los precios del cobre se mantienen por encima de los US $ 4.50 la libra. Está obteniendo ganancias extraordinarias que no son compartidas con el fisco. Con ingresos anuales que superan los US $ 2,500 millones de dólares en promedio

Lo interesante de mencionar se relaciona a los compromisos de inversión aplicados por la empresa bajo el beneficio de “reinversión de utilidades”. Ello significaba que el 80 % del impuesto a la renta por pagar podía ser deducido por concepto de reinversión. Ello significa que su crecimiento productivo aumentara anualmente de 300 mil toneladas de cobre a más de 500 mil se ha financiado en parte con el impuesto dejado de percibir por el fisco.

La historia de las privatizaciones como diría Jorge Luis Borges es la “historia universal de la infamia”, donde se ha transferido riqueza desde del Estado hacia el capital privado, sobre todo transnacional a precios de remate, y ello debe ser revisado en razón del interés público.