El Sindicato de la Defensoría del Pueblo presentó el martes una acción de amparo ante el Poder Judicial, solicitando dejar sin efecto el proceso de elección del defensor o defensora que realiza el Congreso de la República, por haberse vulnerado el debido proceso.
El recurso legal, tramitado ante el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, fue formulado contra la presidenta del Congreso, María Alva, y los portavoces de las bancadas que integran la comisión especial que desarrolla el proceso.
El sindicato cuestiona el incumplimiento del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que establece un máximo de nueve integrantes de la comisión que realiza la elección del defensor. No obstante esta disposición, la comisión del Congreso tiene como décima integrante a la legisladora María del Carmen Alva, situación que ha sido denunciada por el sindicato como ilegal y que vicia el proceso.
Pese a que este cuestionamiento ya había sido expuesto por el sindicato de la Defensoría, la acciopopulista Alva optó por mantenerse en el cargo, bajo la figura de “presidenta supernumeraria”. El resto de congresistas integrantes de la comisión, a excepción de la legisladora Ruth Luque, de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, no atendieron los reclamos del sindicato de la Defensoría y se mantuvieron en silencio.
Pero si ya la inclusión de Alva excede el máximo de nueve integrantes en la comisión que elegirá al defensor del Pueblo, la participación en las sesiones del vicepresidente del Congreso Enrique Wong también es cuestionada en el amparo presentado por el sindicato, al constituírse en un onceavo miembro de la comisión.
“Queda claro que, en los hechos, se ha afectado una regla clara establecida en una norma con rango de Ley, como lo es el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, afectando un principio elemental del procedimiento como lo es la proporcionalidad en la conformación de la comisión especial”, expresa el sindicato en su demanda.
Frente a estas irregularidades, el sindicato de la Defensoría ha tramitado adicionalmente una medida cautelar ante el Poder Judicial, requiriendo la suspensión temporal del proceso de elección hasta que la autoridad competente se pronuncie sobre la acción de amparo.