Corte en Washington D.C. aprobó fallos arbitrales a favor de Rutas de Lima. Alcaldía alega corrupción y defiende anulación del contrato.
La Municipalidad de Lima deberá pagar cerca de US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima, tras la aprobación de dos fallos arbitrales por parte de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Estados Unidos. La decisión responde a un conflicto que se originó en 2017 con la protesta ciudadana contra un nuevo peaje en Puente Piedra. Lima rechazó el resultado, alegando corrupción y violaciones al debido proceso, pero la Corte desestimó sus argumentos. El impacto presupuestal podría limitar inversiones públicas, mientras persisten nuevos litigios en curso tanto en Perú como a nivel internacional.
Fallos arbitrales a favor de Rutas de Lima
El primer arbitraje ordenó una indemnización inicial de US$ 68 millones, pero con los intereses acumulados la cifra asciende a cerca de US$ 190 millones. El segundo laudo establece un pago de US$ 7,2 millones por la demora en los ajustes tarifarios. Ambos fallos fueron validados por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, en Washington D.C., donde se siguió el proceso bajo normas de la Uncitral.
Respuesta de la Municipalidad de Lima frente a Rutas de Lima
La Municipalidad sostuvo que el contrato de concesión firmado en 2013 debía ser anulado por presuntos actos de corrupción vinculados con la constructora Odebrecht. También acusó a Rutas de Lima de ocultar pruebas y al tribunal arbitral de ignorar evidencia clave. Sin embargo, la Corte estadounidense señaló que “no se presentaron pruebas directas que vinculen los pagos ilícitos con la adjudicación del contrato” y concluyó que no se vulneró el debido proceso.
Consecuencias para la ciudad
El pago de esta suma millonaria podría afectar el presupuesto municipal y limitar la ejecución de obras o servicios públicos. Además, agrava la tensión entre la Municipalidad y las concesionarias viales. Rutas de Lima, ahora controlada por el fondo canadiense Brookfield Infrastructure, mantiene un tercer arbitraje contra la comuna limeña.
Nuevas demandas contra el Estado
Brookfield también ha demandado al Estado peruano ante el Ciadi, alegando una expropiación indirecta de su inversión. Esta acción suma una nueva presión, ya que la cifra reclamada asciende a US$ 2.700 millones. Estos procesos reflejan la crisis del modelo de concesiones viales, marcado por conflictos legales, disputas por tarifas y cuestionamientos al origen de los contratos.
La defensa legal de Lima insiste
Scott Nielson, abogado de la Municipalidad, calificó el fallo como una “decisión procesal” basada en un expediente “obsoleto”. Indicó que nuevas pruebas serán presentadas en el juicio contra la exalcaldesa Susana Villarán, y que por primera vez el Estado peruano se unió a Lima para pedir acceso a documentación clave sobre la actuación de Brookfield y sus socios. Aunque la defensa afirma que estas evidencias pueden cambiar el rumbo judicial en Perú, aún no hay una respuesta oficial al respecto.