Constitucionalmente el Congreso solo puede rechazar una vez la solicitud de confianza del Ejecutivo. Si rechaza la segunda, el presidente de la República puede disolverlo. La decisión de ayer de la mesa directiva del Legislativo, ha abierto esa posibilidad.
Cuando la Misión de la OEA creía haberlo escuchado todo sobre la crisis política que vive el país, el Congreso ha adoptado una medida suicida que ensombrece más el panorama político. En efecto, la solicitud de derogatoria de la ley 31399, Ley de los Derechos y Control ciudadanos, con el fin de facilitar el mecanismo del referéndum ha puesto al Congreso contra la pared. Ello, porque en su solicitud el primer ministro dejó en claro que si no se atendía su planteamiento consideraría que le mismo ha sido rehusado.
Por su parte, la mesa directiva del parlamento, en lugar de declarar la improcedencia o la inadmisibilidad de la solicitud, aprobó el “rechazo de plano” del requerimiento del Ejecutivo, formula verbal que encaja con lo dispuesto en el artículo 133° de la Constitución sobre el rehusamiento de la confianza. Es decir, los propios parlamentarios han cavado su posible tumba.
En consecuencia, anoche trascendía que en atención a la confianza denegada el primer ministro presentó su carta de renuncia al presidente Pedro Castillo. Hecho que dejaría la vida del Congreso pendiente de un hilo, pues un segundo rechazo podría provocar la disolución legal del Legislativo y la convocatoria a nuevas elecciones congresales. Es decir, como el gallo Camarón, Aníbal Torres va a “morir matando”.
ESTO ES GUERRA
La posición adoptada por mayoría en la mesa directiva fue anunciada por su presidente, José Williams Zapata, quien expuso dos argumentos que justificarían su decisión: una invasión de funciones y una materia pendiente de decisión en el tribunal Constitucional (TC).
La primera razón del rechazo es que “la Ley 31399 se refiere a dos competencias exclusivas del Poder Legislativo, como lo son la aprobación en primera votación de una reforma constitucional y la disposición para que el presidente de la República convoque a referéndum para la aprobación de reformas constitucionales”, por lo cual el proyecto de ley 3570 presentado por el primer ministro interferiría con las competentes del Congreso y colisionaría con el artículo 206 de la Constitución. En ese sentido, rechazar o aceptar la confianza planteada por el Poder Ejecutivo, es una facultad exclusiva y excluyente del Congreso, y el presidente del Consejo de Ministros no puede interpretar el sentido de la decisión del Poder Legislativo pues ello excedería el marco constitucional y legal. Además, como la cuestión de confianza planteada no se refiere a una política general de gobierno, vulneraría las competencias del Congreso y amenazaría el principio de separación de poderes.
La segunda razón es que el tema es materia de debate en el TC. Al respecto, Williams recordó que la Ley 31399 está pendiente de sentencia final y decisiva en el TC, dado que se encuentra inmersa en una demanda de inconstitucional, presentada por el Poder Ejecutivo. Por lo cual, la cuestión de confianza habría sido planteada bajo materias prohibidas.
La decisión del Congreso fue comunicada a Aníbal Torres, ayer mismo, mediante oficio de la Oficialía Mayor, con lo cual hoy podría conocerse el segundo capítulo de una serie de más intriga que “Esto es guerra”.
NO NOS MUEVEN
Para distraer a las tribunas, el inefable presidente de la Comisión de Constitución citó ayer a los miembros de ese grupo con el objeto de debatir el predictamen sobre el proyecto de ley que recorta el mandato del presidente Pedro Castillo y del Congreso al año 2023. De acuerdo al proyecto, Pedro Castillo tendría que convocar a elecciones generales y estas deben realizarse en un plazo máximo de cuatro meses. Pero, no hay que alegrarse prematuramente.
Como el adelanto de elecciones implica una reforma de la Constitución, tendría que ser aprobada en dos legislaturas distintas con 87 votos en sesiones diferentes del pleno o con 66 votos y luego ser sometida a referéndum. Esta segunda vía resulta más razonable tomando en cuenta que la actual legislatura termina en diciembre y la próxima comienza en marzo. Es decir, es solo una mecidita más de los congresistas para seguir quedándose.
El dato
REEMPLAZO. En Palacio de Gobierno estarían listas dos resoluciones supremas, una designando como primer ministro a Alejandro Salas y otra al congresista Guillermo Bermejo. En horas de la noche, el presidente coordinaba con sus aliados estas alternativas.
Ampliado
“Anoche trascendió que, en atención a la confianza denegada por el Congreso, el primer ministro Aníbal Torres presentó su carta de renuncia al presidente Pedro Castillo, obligando al recambio total del gabinete”.
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