Procuraduría pide detención preliminar por caso Vacunas

La procuradora Villegas pidió la detención por la complejidad de la investigación y por la presunta comisión del delito contra la administración pública – negociación incompatible en agravio del Estado.

La lista incluye a: Germán Málaga Rodríguez (Cayetano Heredia),Carlos Castillos Solórzano (Minsa),Mario Tavera Salazar (Minsa),Alejandro Bussaleu Rivera (Cayetano Heredia),Orestes Cahay Boza (UNMSM),Jorge Jarama Alvan (RREE) y Óscar Suárez Peña (RREE).

Anteriormente la Procuraduría Anticorrupción pidió iniciar diligencias preliminares contra Germán Málaga, Orestes Cachay, Carlos Castillo, Jorge Jarama, Óscar Suárez. Carlos Castillo, Mario Tavera y Andrés Bussalleu por la supuesta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de negociación incompatible.

SERÍAN CONSIDERADOS FUNCIONARIOS

Para la abogada penalista Romy Chang dijo que las personas e investigadores científicos vinculados al caso Vacunas podrían ser considerados como funcionarios en un proceso penal, porque el Estado peruano participó en los tratos para el envío de 2 000 dosis activas de la vacuna contra la Covid-19 de Sinopharm, adicionales a las destinadas por los ensayos clínicos en el país.

“Si el Estado peruano participó del convenio, las personas vinculadas como el jefe investigador (de la Universidad Peruana Cayetano Heredia) (Germán) Málaga, serían considerados para el derecho penal como funcionarios públicos”, destacó.

Indicó que con la participación del Estado en el proceso, los bienes -en este caso las vacunas- “ya no son bienes particulares, sino bienes públicos, bienes del Estado que son mal manejados”

“Si esto es así, todo funcionario que por su cargo maneja el control, custodia, administración de esas vacunas, respondería por el delito de peculado, porque está disponiendo, para un fin personal -sea para ellos, para sus familiares y otros allegados- de un bien de propiedad del Estado”, remarcó.

Según la penalista: “si bien el acuerdo pudo haberse concretado entre la universidad Cayetano Heredia y la farmacéutica china Sinopharm (la primera una institución privada y la segunda una empresa pública que actúa con autonomía del gobierno de su país),los ensayos clínicos realizados en la mencionada casa de estudios, contaron con la participación activa del Estado peruano, a través del Instituto Nacional de Salud (INS),que es la que da las autorizaciones correspondientes”.

PROPONE MUERTE CIVIL

La Federación Médica del Perú planteó la “muerte civil” para todos aquellos responsables por las vacunaciones irregulares y que nunca más vuelvan a ocupar un cargo en el sistema público.

“Es un sentimiento de indignación. A aquellos que alguna vez nos dijeron que éramos traidores a la patria, nos sentimos traicionados”, manifestaron.

“No puede ser posible que, en este momento, si bien es cierto que el Minsa nos informa de 250 muertos por el día de ayer; sin embargo, son 700 diarios respecta a la diferencia del año pasado”, cuestionó.

La Federación Médica solicitó a los colegios profesionales que evalúen retirar el título profesional a quien corresponda. “Ese es el pedido de todos los gremios”, resaltó.

“No hacemos espíritu de cuerpo, queremos sanción para todos. El decano del Colegio Médico ha pedido al vicedecano que dé un paso al costado y nos parece saludable”, exigió.

INHABILITACIÓN POLÍTICA

Por su parte, la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, sostuvo que la inhabilitación política sí puede ser una sanción posible para funcionarios públicos que han lesionado gravemente el sistema y han mellado la confianza en las instituciones, en medio de la crisis sanitaria por la Covid-19.

“Si los funcionarios se prestan para cometer actos tan graves que van en contra de bienes tan fundamentales como la vida y salud de la gente, sí creo que la inhabilitación puede ser una de las medidas que se aplique”, enfatizó.

En entrevista con CNN en español, la titular del Parlamento se refirió a los procesos iniciados contra los principales involucrados en el caso Vacunas.

“Lo menos que se puede pedir, además de las sanciones penales, son las sanciones políticas sobre funcionarios que cometen estos hechos”, puntualizó.

Mirtha Vásquez precisó que se necesita de voluntad política para que el proceso de investigación avance respetando el debido proceso y se pueda tomar una decisión antes que asuman las nuevas autoridades en julio próximo.

«Legalmente existe la posibilidad de que, cumpliendo estrictamente los plazos, se pueda llegar a obtener el resultado de una investigación que genere un impacto política y legalmente», consideró.

DATO

La presidenta del Congreso también expresó su confianza en la labor del Ministerio Público y el Poder Judicial para hacer un análisis muy estricto del caso y realizar un proceso exigente, para sancionar de la manera más ejemplar si es que se comprueban las responsabilidades.