Por mayoría, la Junta Nacional de Justicia impuso sanción de suspensión a la jueza suprema titular Ana María Aranda Rodríguez por su actuación omisiva como jefe del Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial, entre los años 2013 al 2018.
De acuerdo con la investigación realizada por la consejera María Zavala Valladares, Aranda Rodríguez habría permitido que 299 procedimientos disciplinarios prescriban sin que se emita una decisión final, propiciando un marco de impunidad. Y esto, sin contar con aquellos casos en que la OCMA podría haber resuelto con un criterio benévolo hacia los magistrados.
Mientras María Zavala solicitó una sanción de destitución, para los consejeros Henry Ávila, Aldo Vásquez y Guillermo Thomberry, esta medida resulta excesiva entendiendo que la jefa de la OCMA no tiene toda la responsabilidad, pues en su labor tiene el apoyo de asesores y otros funcionarios. También aludieron a la excesiva carga procesal que soportan los jueces, aunque claramente esto no los exime de mantener una actuación acorde a la responsabilidad de sus cargos.