La Contraloría General de la República remitió una carta a este diario, a fin de aclarar la información publicada en nuestra edición del día sábado 6 de noviembre. Al respecto, la Subgerencia de prensa de la Contraloría advirtió que la Ley Marco del Empleo Público y Ley N° 30047 del Servicio Civil regulan lo concerniente al personal de libre designación y remoción para toda entidad pública. “Si bien su designación está exceptuada de concurso por la ley, en la Contraloría General se exige para cargos de confianza el cumplimiento de requisitos de experiencia y formación académica de acuerdo al perfil de puestos establecido para cada cargo que es público y está disponible en el Portal de Transparencia Estándar”.
Esta organización con alcance e intervención nacional, cuenta con colaboradores en todas las regiones del país, de los cuales el porcentaje de puestos de libre designación y remoción que dirigen los órganos o unidades orgánicas representa actualmente el 2.72%, por debajo del límite de 5% que establece la Ley Marco del Empleo Público”, añade la misiva.
Además, consigna que la razón de actualizar el número de puestos de confianza en la Contraloría se debe a que el Congreso de la República emitió leyes durante el 2021 que les encargan nuevas competencias, obligando con esto la adecuación de la estructura orgánica de la entidad. Así, de 189 cargos de confianza autorizados se sustentó y, en estricto cumplimiento con las normas vigentes, se solicitó la autorización de hasta 208 puestos, indicaron.
En cuanto al cumplimiento de perfiles de puesto y política meritocrática, la Contraloría sostiene que las designaciones de confianza “exigen el cumplimiento estricto de perfiles de puesto con un alto estándar de conocimientos y experiencia profesional para el cargo”.
“Del total de cargos de confianza actualmente ocupados (77%),casi la mitad (49%) recaen en personal de carrera de la propia institución que ingresó por concurso público, al que como práctica meritocrática se le ha encargado labores directivas”.
En tanto, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir),coincidió en afirmar en otra carta dirigida a este diario que, de acuerdo con el marco legal vigente, hay dos parámetros para determinar el número de personal de confianza en una entidad pública: el primero es que su número en principio no sea mayor de 50 pero sujeto a excepciones y el segundo -y decisivo- es que aun cuando pudiera autorizarse ser mayor a 50, el límite máximo legal es del 5% (D.S. N° 084-2016-PCM),calculado sobre el número total de cargos, incluidos los contratados bajo el régimen CAS.
“Para el caso de la Contraloría General de la República (CGR) ésta cuenta con un total
de 7660 cargos (incluidos los CAS). En ese sentido, el 5% aplicado a los 7660 cargos nos arroja la posibilidad de que la CGR cuente hasta con 383 cargos de confianza”, refieren.
Por otro lado, Servir asegura que al igual que la Contraloría, otras 17 instituciones públicas han solicitado, con la debida sustentación, la excepción para sus puestos de empleados de confianza a SERVIR.
Servir señala que “la confianza es un atributo que se asigna a determinado
cargo” y que “no reemplaza a la capacidad o la idoneidad, sino que la complementa”.
Finalmente, Servir descarta cualquier tipo de conflicto de interés a partir del vínculo familiar que existe entre el secretario técnico del Tribunal del Servicio Civil de Servir, Jorge Shack Muro, y el contralor general, Nelson Shack Yalta, ya que el Tribunal del Servicio Civil no tiene como función evaluar los informes técnicos ni aprueba el aumento de personal de confianza que solicitan las instituciones públicas.