El político y abogado defensor de derechos humanos, Hugo Gutiérrez, fue impedido de ingresar al Perú bajo el argumento de que representaría un peligro para la seguridad nacional. Antes, la Cancillería cuestionó una misión extranjera que llegó a investigar los abusos contra manifestantes.
El exdiputado chileno y abogado defensor de los derechos humanos, Hugo Gutiérrez, fue impedido de ingresar al Perú bajo el argumento de que representaría un peligro para la seguridad nacional.
“El régimen de Dina Boluarte me considera un peligro para la seguridad nacional del Perú, según su información de organismos de inteligencia nacionales o extranjeros, y me impide ingresar a ‘su’ país”, publicó en sus redes sociales.
En efecto, Gutiérrez compartió el documento del departamento de Migraciones, en el cual se señala que su impedimento de ingreso al Perú se ampara en el artículo 48.2, inciso C, del D.L. 1350, que señala que se impedirá el ingreso al país “cuando se cuente con información de organismos de inteligencia nacionales o extranjeros en la cual se califique a la persona como riesgosa para la seguridad nacional”.
Frente a esta medida, consideró que la decisión busca “ocultar a la comunidad internacional la masacre que se ha venido realizando”. “Seguiré denunciando y abrazando a los que se alzan por dignidad para vivir mejor y en paz. ¡Arriba Perú!”, publicó en Twitter.
Al respecto, el congresista de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, consideró que la política de aislamiento internacional y el veto a defensores de derechos humanos “es evidencia de la fragilidad del espurio gobierno de Dina Boluarte y del “presidente de facto”, Alberto Otárola”.
En tanto, la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, señaló que “ocultar los asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias realizados por la dictadura de Dina Boluarte, no impedirá que el Perú profundo conquiste sus ideales y principios”.
Cabe recordar que días atrás la Cancillería emitió un pronunciamiento señalando que la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, que estuvo investigando los abusos cometidos en el marco de la represión policial y militar, no tiene una acreditación diplomática y por tanto sería pasible de ser sancionada.
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