deA través de un decreto supremo, el Gobierno extendió el estado de emergencia vigente en Puno por 60 días. Desde el pasado febrero, dicha región se mantiene con restricción de derechos fundamentales.La medida que durará sesenta días señala que el control del orden interno se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas, “incorporando a la Policía Nacional del Perú para el logro de dicho objetivo en la zona”.
El texto firmado por la presidenta Dina Boluarte señala que durante el mencionado periodo de tiempo se restringen y suspenden el ejercicio de ciertos derechos constitucionales. Se trata de aquellos vinculados a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, los mismos que se encuentra respaldados por la Constitución Política del Perú.
“La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas se efectúa conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo Nº 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y su Reglamento”, se lee en el decreto firmado por la jefa de Estado.
La medida llega a pocos días de confirmarse la reanudación de protestas en contra del gobierno de turno. A pesar de que la paralización de actividades no fue acatada por la mayoría de ciudadanos de la zona sur, el poder Ejecutivo ha dispuesto la ampliación del Estado de Emergencia. Se sabe que en las próximas semanas en algunas regiones sureñas se continuará con la organización de lo que se ha llamado la Tercera Toma de Lima.
El último día de mayo, las autoridades puneñas confirmaron que la convocatoria al paro seco en la región se acató de manera parcial. La movilización que pretendía paralizar las actividades económicas, comerciales y el bloqueo de vías no fue exitosa. Asimismo, los protestantes pedían la renuncia de la presidenta Boluarte, la disolución del Congreso de la República y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.