Clody Guillén Albán
Sociólogo, Máster en Intervención Social
En diciembre del año 2016 se aprobó el Decreto Legislativo 1297 que tiene por objeto brindar protección integral a las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia; con este decreto, el Estado asume una política orientada a la desinstitucionalización de aquellas niñas, niños y adolescentes que viven en Centros de Acogida Residencial y a la no institucionalización de quienes se encuentran en riesgo de desprotección familiar, por lo que el actuar del Estado se debe orientar a que las familias asuman el rol protector que les corresponde.
Lo curioso de este decreto es que se aprobó en el marco de las Facultades Delegadas por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, sin que, a la luz de las estadísticas de bulling, de la violencia urbana o del sicariato adolescente, se haya podido revertir las tendencias de la inseguridad.
Pese a los esfuerzos realizados, las instituciones básicas para la infancia generan anomia y la sociedad en su conjunto tiende a normalizar las conductas de riesgo de adolescentes y jóvenes, observándose el fracaso de las intervenciones públicas a través del aumento de los embarazos adolescentes, del consumo de drogas o de la violencia juvenil.
Entre las razones de este fracaso están el que las políticas públicas no hayan recogido adecuadamente las experiencias desarrolladas en los servicios sociales y el que la tecnocracia diseñe estrategias alejadas de la realidad; así, los servicios sociales públicos de ayuda a las familias vulnerables, lejos de ser fortalecidos han sido sistemáticamente desmantelados, pese a que la norma y la política apuntan a revalorar su importancia en el proyecto de la sociedad.
Es necesario que los servicios sociales del Estado contribuyan a fortalecer las familias y que, manteniendo los objetivos para los que fueron creados, articulen sus estrategias para atender la vulnerabilidad de las familias ya que ella está fuertemente vinculada al desarrollo de las conductas de riesgo entre los adolescentes y jóvenes. Es necesario así que tengamos en cuenta que es urgente fortalecer los servicios sociales orientados a
aumentar los factores de protección, ya que los jóvenes pronto nos reemplazarán como adultos y ellos serán los próximos conductores de la sociedad.