Super Mensajes

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

 

El Poder Ejecutuvo, a través de la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, interpuso ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 31131, que dispone la incorporación de los trabajadores del Estado bajo el régimen CAS a los regímenes laborales de los decretos legislativos 728 y 276.

Como se recuerda, la norma fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República el 4 de marzo, con 105 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones.

Según el documento presentado ante el TC, el Ejecutivo sostiene que la referida norma sería contraria a la Constitución, ya que vulnería las competencias de este Poder del Estado en materia de administración de la Hacienda Pública y gestión de los recursos humanos en el sector público.

“La Ley N° 31131 fue emitida al margen de la interacción que debe existir entre el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo para expedir normas que tienen impacto en la economía del país y en la implementación del nuevo régimen del servicio civil”, señaló el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero.

Asimismo, en la demanda de inconstitucionalidad se advierte al TC que el número de trabajadores CAS en el Estado asciende a 286 mil personas y que “su incorporación a los regímenes laborales de los decretos legislativos 728 y 276 implicaría un costo no previsto en el presupuesto público de tres mil seiscientos millones de soles”.

Ahora el TC debe pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda y, posteriormente, remitirla al Congreso de la República para que proceda a contestarla.

ANTECEDENTES DE INCONSTITUCIONALIDAD

En diciembre, el constitucionalista Luciano López recordó que en anteriores sentencias el TC ratificó el criterio de que los congresistas no tienen iniciativa de gasto si el Ejecutivo no muestra conformidad y cuenta con el respectivo respaldo presupuestario. En esa línea, consideró que tanto la ley para el retiro de fondos de la ONP como la que elimina el régimen CAS serían finalmente declaradas inconstitucionales.

En la publicación realizada en sus redes sociales, el jurista incluso consideró que los congresistas que aprobaron la norma habrían cometido el delito de abuso de autoridad. “Los congresistas, les guste o no, saben cuál es el criterio del TC. Sus fallos son obligatorios. Entonces, tramitar o aprobar leyes que generan gasto, es abuso de autoridad e infracción constitucional”, indicó.

DEROGACIÓN PROGRESIVA

Sin embargo, para la especialista en derecho laboral, Grace Baquerizo, la argumentación del Ejecutivo respecto al costo no previsto en el presupuesto público quedaría desvirtuada en tanto la norma aprobada por el Congreso propone una “derogación progresiva” del CAS.

“Y esto va en consonancia con que cada año se apruebe un presupuesto correspondiente a fin de que sean más los trabajadores que pasen a un regimen ordinario. Es falso que colisione con la ley de presupuesto o afecte el presupuesto del Ejecutivo. Sustentar eso es un engaño”, indicó.

Baquerizo recordó que otro punto aprobado en la norma cuestioanda por el Ejecutivo es el que dispone que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) comience a evaluar las condiciones laborales de los trabajadores en el ´regimen CAS. “El Ejecutivo, al presentar esta demanda de inconstitucionalidad, lo que esta haciendo es oponerse a los derechos laborales de los trabajadores”, apuntó.

ALGO MÁS

La excandidata al Congreso destacó que la norma aprobada por el Legislativo contempló que no iban a existir contratos CAS temporales, sino que en su gran mayoría iban a tener un plazo indeterminado. “Esto significa que si te contratan hoy solo puedes ser despedido por una causa justa vinculada a tus capacidades o tu conducta”, agregó.