Por Armando Martín Barrantes Martínez, Magíster en Gerencia Social.
Recientemente, nos hemos enfrentado a noticias desgarradoras que ponen de manifiesto la crudeza de la delincuencia en nuestras sociedades. Casos en los que individuos, despojados de toda empatía y moral, recurren a actos inhumanos como el secuestro de niños para forzar a sus madres a prostituirse. Estos líderes de bandas criminales, desprovistas de conciencia y escrúpulos, parecen trascender la definición de ser humano para penetrar en la de monstruos, cuyas acciones están lejos de cualquier justificación moral o ética.
Estos delincuentes gozan de una impunidad alarmante, resguardados por una burocracia judicial opresiva, reminiscente de las obras de Kafka. Se encuentran protegidos por individuos cuyos únicos intereses radican en la obtención de beneficios personales a través de financiamientos internacionales oscuros y secretos, los cuales escapan a toda posibilidad de fiscalización o supervisión.
Además, en áreas de vulnerabilidad socioeconómica, se reportan actos igualmente condenables: incendios provocados en colegios, robos de equipos y materiales educativos esenciales para el desarrollo de nuestras futuras generaciones. Estos actos no solo son ataques a la propiedad, sino a la esencia misma de nuestra sociedad, a la educación y al futuro de nuestros niños y jóvenes.
Lo más alarmante es la aparente impunidad con la que operan estos delincuentes. Se encuentran protegidos por una maraña burocrática que obstaculiza la justicia y, en ocasiones, por individuos y entidades cuyos intereses oscuros y financiamientos inescrutables perpetúan esta situación de desamparo.
Frente a este panorama, se vuelve imperativo replantear nuestro enfoque hacia la seguridad y la justicia. No podemos permitir que el debate se polarice entre ver a los delincuentes únicamente como monstruos deshumanizados o como seres humanos merecedores de derechos incondicionales. Es crucial reconocer la complejidad de la naturaleza humana y entender que, si bien los actos delictivos deben ser condenados y sancionados con todo el peso de la ley, la respuesta a la delincuencia también debe contemplar estrategias de prevención, educación y reinserción social.
La justicia y los encargados de asegurar el orden interno deben someterse a una transformación profunda, liderada por profesionales honestos, capacitados y comprometidos con el bienestar de la sociedad. Esta transformación debe ir más allá de la mera reacción a los crímenes cometidos; debe anticiparse a ellos, atacando las raíces de la delincuencia que se encuentran en la desigualdad, la falta de oportunidades y la desintegración social.
Nos encontramos en un momento crítico, al borde de un abismo de caos y desorden del que será difícil escapar si no actuamos con determinación y visión de futuro. La lucha contra la delincuencia no es solo una batalla por la seguridad, sino una lucha por los valores fundamentales de nuestra sociedad: la justicia, la equidad y la dignidad humana. Solo a través de un enfoque integral y humano podemos esperar restaurar la paz y la seguridad en nuestras comunidades.