Hace casi cuarenta años el ejército peruano situó una de sus bases militares en el distrito de Manta, Huancavelica. Entre 1984 y 1995, la violencia sexual por parte de los integrantes del Ejército fue una práctica reiterada y generalizada contras adolescentes y mujeres mantinas. “Me empezó a decir perra, ahora si vas a hablar terruca… empecé a llorar y gritar… ese primer militar me violó. El segundo militar entró, me ha cortado con cuchillo que lo tengo todavía y él también me ha violado”, señala uno de los testimonios recogidos por la CVR.

En julio del 2016 inició el primer juicio oral del caso Manta en la Sala Penal Nacional, en el que 9 mujeres denuncian a 13 exmilitares por el delito de violación sexual como crimen de lesa humanidad. Este primer juicio se quebró en el 2018, por violación a los derechos humanos, tras situaciones reiteradas de revictimización por parte de los jueces. En las que, a través de estereotipos de género, se vulneró el derecho a la imparcialidad y limitó el derecho a la prueba de contexto histórico, tal y como lo reconoce la Corte Suprema al conceder la recusación interpuesta por las y los abogados de las mujeres.

En marzo del 2019 inició el segundo juicio oral con una nueva Sala que señaló incorporar el enfoque de género y respetar el derecho a la verdad, igualdad y no discriminación. A la fecha, ambas partes procesales presentaron diversas pruebas y se culminó con los interrogatorios de los exmilitares. Además, la Sala dispuso que las audiencias sean públicas y transmitidas por Justicia TV, canal del Poder Judicial, salvo cuando se trate de proteger las víctimas y testigos/as.

Sin embargo, los estereotipos de género y la falta de condiciones para las víctimas cuando brinden sus testimonios, puede vulnerar su derecho a la no revictimización. Más ahora, cuando el juicio se encuentra recogiendo testimonios de testigxs, que incluye a las víctimas como parte de las testigas del control y poder absoluto que tenían los militares de Manta.

LOS MILITARES NOS HAN HECHO DAÑO

“Ya estamos viejas y enfermas, queremos que termine”, dice T.A.B., una de las nueve mujeres que hoy continúa luchando en el proceso. La violencia sexual marca un antes y un después en las víctimas, con heridas que requieren sanarse. “Lo que nos ha ocurrido a nosotras parece que ya es pasado, que no les importa porque somos campesinas, quechuahablantes no nos hacen caso… los militares nos han hecho daño. Nosotras éramos indefensas” dice M.A.B, otra de las mujeres denunciantes.

“El daño sufrido ha obligado a las víctimas a crecer y continuar sus vidas con secuelas como la desconfianza, el estado de alerta, dolor físico y sufrimiento emocional. Recibiendo la indiferencia e indolencia del Estado todos estos años”, explica Adriana Fernández, psicóloga de Demus.

Por otro lado, desde la defensa legal de Demus, la abogada Rossy Salazar señala que “es indispensable que la Sala Penal Nacional respete las condiciones mínimas establecidas a nivel nacional e internacional de no revictimización tal como lo señaló la Corte Suprema para que este juicio respete los derechos humanos de las mujeres.”

En su momento denunciar era una utopía. Tenían miedo de ver las armas e imaginar las muertes y desapariciones que ejercían los integrantes del ejército. Las mujeres de Manta saben que narrar lo que les sucedió es revivir, volver a sentir en sus cuerpos los episodios de violencia cuando tenían entre 13 y 16 años. Pero también saben que no es justo quedarse con el dolor, que necesitan ser escuchadas por el Estado para lograr justicia.