La justicia boliviana decretó ayer detención preventiva de cuatro meses para la expresidenta de facto Jeanine Áñez y sus dos exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán. La Fiscalía había pedido seis meses de detención, pero la jueza Regina Santa Cruz decidió que ese tiempo era excesivo para el período de investigación. Se los acusa de sedición, conspiración y terrorismo.

Sin embargo, el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, pidió 30 años de cárcel para Áñez. “La detención no debe ser la regla, debe ser la excepción”, afirmó el ministro y agregó que el gobierno no espera una detención de cuatro meses “sino una condena de 30 años de prisión”.

Explicó que la pena se debe a las “masacres sangrientas y madres que se han quedado sin hijos en Senkata, Sacaba, Montero y la zona sur de La Paz”, indicó el ministro.

El gobierno de Luis Arce, prevé iniciar “cuatro procesos de juicios de responsabilidades contra Áñez”. “Y seguramente, en las próximas semanas también vamos a presentar acción penal por las masacres sangrientas a partir de los avances que hizo el Ministerio Público en la vía ordinaria contra los actores que no tienen privilegio constitucional”, indicó el ministro de Justicia.

Junto a Áñez también fueron puestos bajo prisión preventiva el exministro de Justicia Álvaro Coimbra y el exministro de Energía Rodrigo Guzmán. Los tres fueron acusados de la comisión de los mismos delitos por haber asumido el poder tras la marcha del país del ahora expresidente Evo Morales tras perder el apoyo de la policía y el ejército en noviembre del 2,019.

La jueza decidió que hay riesgo de fuga de la exmandataria, ya que durante su detención hallaron evidencias de que trataba de huir. Añez fue enviada a la cárcel de mujeres de Obrajes, mientras que Coímbra y Guzmán estarán en el penal de San Pedro.

Áñez, que junto con sus principales colaboradores está acusada de “terrorismo, sedición y conspiración” por el caso del golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales en 2019, fue detenida este sábado en Trinidad.

Poco después de su aprehensión, la expresidenta de facto denunció ser víctima de “abuso y persecución política”, algo que el gobierno boliviano desmintió.

DATO

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró que es importante que se respeten “las garantías al debido proceso y haya una transparencia total en todos los procedimientos” del caso contra los exintegrantes del gobierno boliviano, según un comunicado de su portavoz.