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A efectos prácticos, debemos empezar indicando que un Sistema de Justicia no es otra cosa que el conjunto de instituciones públicas que permiten (o no) el acceso a la justicia a los ciudadanos que por diferentes razones entienden como vulnerado un derecho. En el Perú, este Sistema es protagonizado por el Poder Judicial y el Ministerio Público.

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Lo ideal —que muchas veces es ajeno a la realidad— sería que este Sistema trabaje de manera coordinada, sea cooperativa, evite enfrentamientos y no duplique esfuerzos; no obstante, al Sistema de Justicia Peruano le es totalmente ajena esta premisa y, por el contrario, contiene prácticas que muchas veces logran alcanzar impunidad e injusticia.

Como bien podemos observar en la encuesta realizada por Datum para Lampadia el mes de marzo de 2024, existe un unánime y severo cuestionamiento por parte de la sociedad al Sistema de Justicia Peruano, específicamente relacionado con el nivel de corrupción, de paupérrima preparación y de incapacidad laboral de los jueces nacionales.

Ante este golpe de realidad nos toca preguntarnos, ¿cuáles son los yerros más urgentes de subsanar en nuestro Sistema de Justicia y como podríamos lograrlo? Sobre esto, a posición del autor, puedo estimar los siguientes como latentes problemas del Sistema de Justicia Peruano y, a su vez, propongo algún medio de solución para dotar de eficacia a este último:

-La evidente falta de cooperación entre la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial son el pan de cada día del Sistema de Justicia Peruano. Es realmente alarmante llegar a visualizar extremos tales como que el levantamiento de un cadáver pueda demorar horas en realizarse o que los detenidos en flagrancia queden libres luego del plazo legal de detención por falta de coordinación entre instituciones. En ese sentido, un gran cambio podría significar la implementación de la interoperabilidad, que significaría mejorar los canales de comunicación, acceso a la información y procesos informativos entre las instituciones públicas. Un ejemplo de esto sería el sostener una oficina dentro de las dependencias policiales para que las fiscalías de turno puedan realizar sus labores de manera cooperativa y sin dilaciones.

-Es también otro gran problema del Sistema de Justicia Peruano la provisionalidad de los jueces y fiscales, que significa no tener personal titular en los puestos de administración de justicia, lo cual trae consigo una evidente falta de preparación y experiencia por parte del personal provisional (o supernumerario) generando consecuencias tales como deficiente resolución de procesos, injusticia para los inocentes, impunidad para los responsables y la imposibilidad del acceso a la carrera judicial. Esta figura jurídica, a mi criterio, debería ser erradicada por completo del Sistema de Justicia, predominando siempre la meritocracia.

-Finalmente, podemos mencionar el reiterativo afán del legislador por retrotraer los pocos avances que se han ido gestando en la materia. Un ejemplo de esto es la reciente modificatoria a diversos artículos del Código Procesal Penal, a raíz de los cuales se faculta (nuevamente) a la Policía Nacional del Perú para que en sus informes policiales puedan calificar jurídicamente los hechos y señalar grados de participación, labor que se encuentra circunscrita estrictamente a la función Ministerio Público, generando con esto conflictos jurídicos innecesarios. En ese sentido, debería de promoverse toda norma que únicamente sugiera un avance en la correcta administración de justicia y no un retroceso equitativo a sistemas procesales anteriores al vigente, debiendo ser esta fundamentación requisito crucial para la emisión de una ley.

Podemos concluir entonces que, es cada vez más necesaria e importante una reforma transversal del endémico Sistema de Justicia Peruano, caso contrario podríamos encontrarnos muy pronto ante un panorama irreversible e inquisitivo, donde la afectación o puesta en peligro de nuestros derechos más fundamentales terminen siendo no más que folios dentro de un expediente judicial.

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